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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El movimiento “Madres por la Libertad” exigió justicia, en Catedral Metropolitana de San Salvador, ante los más de 580 muertos dentro de las cárceles salvadoreñas capturdos bajo el régimen de excepción.
La actividad se realizó en el contexto del Día de los Muertos y en solidaridad con todas las familias que han perdido a sus seres queridos bajo custodia del Estado y el gobierno salvadoreño en el sistema penitenciario.
El movimiento acudió a la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador para llevarle flores al mauseleo de Monseñor Romero y de igual manera pidieron su intercesión ante los miles de personas detenidas. “Trajimos flores para conmemorarlos (a los muertos por el régimen) porque ya sabemos que el Día Difunto siempre se van a enflorar las tumbas, pero como no podemos hacerlo; entonces trajimos las flores en memoria de ellos, las dejamos acá, en la tumba de Monseñor Romero porque sabemos que fue una persona que luchó por los derechos de los humanos”, comentó Liliana Urías, del movimiento.
José Salvador Ruiz, animador de las comunidades Eclesiales de Base en el Bajo Lempa señaló que se han sumado al movimiento para exigir justicia, reparación, derecho de defensa, exigir visitas familiares y su rechazo a los juicios masivos.
La finalidad de “Madres por la Libertad”, es pronunciarse mes con mes, luego que es aprobado en la Asamblea Legislativa las prorrogas al régimen.
Según citaron a organizaciones de derechos humanos, se han registrado al menos 582 muertes; cifra que podría ser mayor, pero sobre la cual actualmente no existe explicación oficial ni válida. Señalaron que las denuncias reportan que estas víctimas inocentes fallecieron a causa de violencia física, tortura, desnutrición extrema, negación sistemática de tratamiento médico y de acceso a instituciones de salud, así como por la falta de medicamentos para personas con enfermedades crónicas o renales.
Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo reserva toda esa información, por lo cual miles de madres siguen en la incertidumbre de no saber cómo y en qué condiciones se encuentran las personas inocentes que están encarceladas.
De hecho, las madres explicaron que no tienen pruebas de vida, ni certeza que los paquetes alimentarios le sean entregados. En la Asamblea Legislativa, el oficialismo, aprueba mes con mes las prórrogas que le solicita el Ejecutivo. Las madres piden la finalización de esta medida aprobada en marzo de 2027. De igual manera; pidieron que se les permita verlos en las cárceles y que tengan, además, un juicio.
Finalmente, rechazaron cualquier comisión gubernamental que de forma arbitraria pretenda liberar personas sin las garantías del debido proceso, cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al sistema judicial.
José Salvador Ruiz, señala que con dicha declaración de Nayib Bukele para liberar a colaboradores de pandillas ocasionales, lo que se busca, ”es perpetuar la impunidad”, ya que “darle medidas sustitutivas a una persona inocente que ha estado cuatro años preso y que no le han encontrado delito alguno es amordazarle, para que no pueda denunciar, para que las denuncias que se tienen a nivel internacional no procedan si la persona se hace cargo de haber sido colaborador”.
Es decir, el Gobierno no va a reconocer que tiene detenido a inocentes; lo que les propondrá es que asuman su supuesta culpabilidad (de ser colaboradores de pandillas) para que puedan salir libres. “Para el presidente, según dijo, todos son colaboradores, él sabe que no es cierto. Pero esa categoría se las da para justificar la detención. Personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos por más de cuatro años, casi cinco años, que han estado detenidas y que no les han probado delito alguno”, enfatizó Ruiz.
El líder social señaló que el Gobierno está buscando una salida que sea beneficiosa para ellos y no evidenciar que han cometido detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos. Ruiz planteó que este procedimiento ya lo han hecho en el pasado; por ejemplo, con Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez de la cooperativa El Bosque y con el ex director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.
“Les dieron también medidas sustitutivas, pero se tuvo que hacer cargo del delito que le acusaban. Es una práctica que el gobierno ya viene haciendo y quiere aplicárselas a los inocentes del régimen de excepción. Lo sacan, pero ellos (Gobierno) salen bien librados porque la persona se hace cargo del delito.”, planteó Ruiz.
Liliana Urías añadió que no quieren que sus familiares salgan libres luego de firmar un documento donde aceptan que son colaboradores de pandillas, porque en el futuro, los pueden volver a perseguir.
“Lo que pedimos es que haya un juicio justo, que los investiguen bien y que, si ellos van a salir de la cárcel, que sea con su récord limpio, no que estén firmando un documento por el amor de salir y ver a sus familiares que están fuera de la cárcel”, concluyó Urías.
