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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Oscar Ortiz, vicepresidente de la República, sostuvo una reunión con Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, para conocer los adelantos que presentan iniciativas en el tema de Seguridad Pública que se discuten en el primer órgano del Estado. El vicemandatario también se entrevistó con diputados de las demás fracciones políticas.
Durante el encuentro se trataron temas como la aprobación del préstamo de $100 millones para reforzar a la Policía Nacional Civil (PNC), la posibilidad de aumentar las penas a quienes cometan el delito de extorsión según la posición jerárquica que ocupen en las estructuras criminales y la posibilidad de construir una “Ciudad Policía”. “Hemos discutido sobre la importancia de aprobar el préstamo de los $100 millones para reforzar a la PNC con infraestructura propia, adquisición de unos dos mil vehículos para mejorar la movilidad de los agentes, la construcción de un laboratorio científico para eficientar la investigación del delito, eso es poco en comparación con lo que otros países invierten en sus cuerpos de seguridad”, dijo Ortiz.
El funcionario también mencionó que la construcción de una alianza entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno es de gran ayuda en la lucha contra la delincuencia en el país desde la implementación de las medidas extraordinarias, las cuales están dando importantes resultados.
“Al inicio de estas medidas estábamos en 24 homicidios diarios a diez meses de la implementación de las mismas estamos en diez, una reducción de más de la mitad y pretendemos bajarlo más a final de año, esto es importante pero no suficiente, sabemos que hay que seguir golpeando estratégicamente a las estructuras del crimen, de la extorsión entre otros”, indicó Ortiz.
El vicepresidente también valoró que los éxitos obtenidos hasta el momento no son exclusivamente del Gobierno, sino de todas las instituciones estatales. Además, valoró como prioritarias reformas como la implementación del Sistema Nacional de Prevención y el registro nacional de miembros de pandillas.
Más tarde, durante el desarrollo de la sesión plenaria, los legisladores aprobaron una reforma al Código Penal con la finalidad de aumentar penas de prisión para quienes cometan delitos en contra de personal de seguridad pública y sus familiares.
