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Redacción Nacionales
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El Ministerio Público de Venezuela rechazó la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que declaró improcedente la intervención en la defensa de los ciudadanos venezolanos que se encuentran privados de libertad en el CECOT.
A través de un comunicado, el Ministerio Público venezolano informó que tras haber enviado el 30 de marzo una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar su intervención en defensa de los derechos de los ciudadanos venezolanos “ilegalmente” secuestrados en ese país, han recibido por correo electrónico “una vergonzosa” respuesta por ese ente judicial.
En dicha comunicación, la Corte declara improcedente su intervención alegando que la comunicación enviada “no cumple con los requisitos legales y formales establecidos”, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.
Además, con respecto al Habeas Corpus presentado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte de El Salvador señaló que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales.
“Como institución comprometida con los derechos humanos, rechazamos la maniobra dilatoria y evasiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que mediante este pronunciamiento pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador y detenidos allí sin haber cometido ningún delito”, dijo el ministerio público de Venezuela.
A juicio del ministerio público, la CSJ “ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del Hábeas Corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad”.
La institución venezolana argumentó que al pedirles a los defensores que especifiquen si «realmente» los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al CECOT, “la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica”.
En el comunicado, puntualiza que no aceptarán que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas.
En ese contexto, informaron que como Ministerio Público localizaron y entrevistaron a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Dichas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, “si está dispuesto a escucharlos”.
“Con esta respuesta el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos”, señala el ministerio público venezolano.
