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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares (UNITRASAL) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se pronunciaron sobre el Día del Sindicalista Salvadoreño el cual se conmemora cada 31 de octubre y sobre la situación del país. Plantearon que sindicalistas y población en general han sido víctimas de presuntos atropellos y vulneraciones a los derechos humanos.
Exigieron respeto y garantía a la estabilidad laboral y sindical en el sector público y privado. Así como un alto a los despidos injustificados, ya que se violentan convenios internacionales y nacionales en materia laboral. Solo en la administración de Nayib Bukele se estima que ha habido 15 mil despidos. Además, con la nueva Asamblea Legislativa también se han registrado más de mil despidos injustificados.
Además, UNITRASAL pidió la agilización de la inscripción y entrega de credenciales para más de 400 organizaciones sindicales en situación de acefalía desde el año 2021.
“Enfrentamos el tema de la no inscripción a tiempo de nuestros sindicatos, de la no entrega de las credenciales. El Ministerio (de Trabajo) se ha caracterizado por enmendar errores de forma; por ejemplo, si una letra va mal, por ello, rechazan la documentación y se lleva un plazo de nueve o diez meses para resolver a las organizaciones sindicales”, dijo Sonia Urrutia, presidenta de UNITRASAL.
En otro punto, UNITRASAL hizo un especial llamado a la administración Bukele para que trabaje en beneficio de la población, ya que se ha centrado en sus beneficios como por ejemplo tratar de reelegirse a pesar de ser inconstitucional. “Le exigimos al presidente Bukele, que está empecinado en reelegirse inconstitucionalmente y haciendo uso del fraude electrónico, que empiece a trabajar en beneficio de la población, ya es tiempo de pasar de la publicidad a la acción concreta para resolver los problemas que afectan al pueblo”, planteó la organización.
Entre los principales problemas se encuentran las altas tarifas de servicios básicos: agua, energía eléctrica, gas y transporte. Los incrementos a los productos de la canasta básica, “sino actúa cuanto antes, este país será testigo de la peor crisis alimentaria de su historia”, lamentó UNITRASAL en su postura. Se pidió también por un alto a los permisos de construcción y desarrollo de megaproyectos que atentan contra el derecho a la vida de la población salvadoreña tal como el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel. “Exigimos actuación clara ante el avance de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la vida de cuatro millones de habitantes que se abastecen de agua del río Lempa”, concluyó la organización.
