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Saúl Méndez
Colaborador
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) aseguró que continuará acompañando el caso de los líderes detenidos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes, según denunció la organización, enfrentan un proceso judicial dilatorio debido a las prórrogas solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de continuar con la recopilación de pruebas.
Las capturas se efectuaron entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2024 y se extendió hasta el 3 de junio, en vísperas de la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele.
Defensores de derechos humanos han denunciado que a los veteranos “los detuvieron con engaños y luego los acusaron falsamente de planificar ‘actos terroristas’; sin embargo, investigaciones periodísticas señalan que el caso fue “inventado”, ya que las “pruebas son falsas” y, además, con un testigo que estaba en dos lugares al mismo tiempo, en El Salvador y en México”.
La UNIDEHC explicó que, desde el inicio de las capturas de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, asumió la representación legal del excombatiente José Santos Melara, conocido como “Pepe Melara”, y del comunicador Luis Menjívar.
Asimismo, recordó algunas de las acciones impulsadas durante los dos años que los líderes veteranos han permanecido detenidos.
“Desde el equipo legal y técnico de la organización destacamos algunas iniciativas realizadas en su favor, como la presentación de una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en junio de 2024”, señaló.
UNIDEHC indicó que contó con el respaldo de diversas organizaciones civiles y populares durante ese proceso. Sin embargo, ante la falta de respuesta de la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, presentó un segundo escrito en noviembre de 2024 para solicitar monitoreo y vigilancia sobre las condiciones de salud de los detenidos, debido a su avanzada edad y a que padecen enfermedades crónicas. Según la organización, a casi dos años de esa petición, no se ha recibido respuesta.
“Es una muestra clara de la negligencia de dicha institución, que no garantiza los derechos humanos”, denunció la organización.
La entidad agregó que el 15 de noviembre de 2024 los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya presentaron un nuevo escrito relacionado con José Santos Melara Yanes. En el documento solicitaron que se requiriera al Hospital Nacional Rosales el expediente clínico número 15765-24, con el objetivo de conocer de forma integral su estado de salud, los exámenes realizados y las valoraciones emitidas por los especialistas.
“Como los abogados Cruz y Joya realizaban diversas peticiones en representación de sus defendidos, el tribunal convocó a una audiencia especial en diciembre de 2024 para aclarar algunos puntos, entre ellos que existían consultas médicas programadas para enero de 2025 en el Hospital Rosales”, detalló la organización.
Debido a ello, el tribunal resolvió que no era procedente solicitar el expediente clínico hasta que concluyeran las evaluaciones ordenadas por los especialistas de salud. Posteriormente, la judicatura podría requerirlo de oficio. No obstante, UNIDEHC señaló que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación sobre la situación médica de Melara Yanes y que las gestiones realizadas siempre han sido impulsadas por la defensa.
“Ante la prórroga del plazo de instrucción ordenada por ese tribunal en resolución del 6 de junio de 2025, notificada el 9 de junio, presentamos otro escrito en el que destacamos la necesidad de resolver la situación jurídica de los procesados y garantizar sus derechos fundamentales, entre ellos la salud, la vida y la integridad física. Tratándose de una persona adulta mayor con enfermedades crónicas, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por lo que es urgente realizar un estudio médico”, afirmaron.
En el caso de Luis Menjívar, la organización indicó que también solicitó estudios médicos en 2024. Además, en octubre de ese mismo año ofreció testigos como prueba anticipada, petición que fue aceptada por el tribunal. La jueza a cargo ordenó a la Fiscalía realizar las entrevistas correspondientes; sin embargo, tras 20 meses, la diligencia aún no se ha ejecutado.
“Debido al exilio forzado y a la persecución política contra los abogados y voceros de nuestra organización que participaban en el proceso judicial de los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Ivania Cruz y Rudy Joya, la familia decidió nombrar nuevos abogados defensores, una decisión que respetamos y comprendemos”, explicó la organización.
Pese a ello, UNIDEHC afirmó que continuará denunciando y vigilando el desarrollo del proceso judicial contra los veteranos y excombatientes.
“Nos unimos a las organizaciones civiles, comités y movimientos populares para exigir un proceso justo, sin prórrogas al plazo de instrucción como las que, de manera arbitraria, impulsa la Fiscalía General de la República con el objetivo de dilatar los procesos. Asimismo, nos sumamos al llamado por la libertad de las personas consideradas presas políticas en El Salvador”, sostuvo.
“Las organizaciones populares y defensoras de derechos humanos vivimos una etapa de resistencia y lucha frente a los problemas políticos, sociales y económicos del país. Parte de esa lucha consiste en denunciar los abusos de poder, la represión contra el pueblo salvadoreño y la falta de Estado de derecho, factores que generan inseguridad jurídica. Una de las tareas más importantes es enfrentar este sistema, que ha provocado la existencia de personas consideradas presas políticas en el país”, concluyó.
