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Oscar López
@Oscar_DCL
La facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES) emitió un pronunciamiento referente al conflicto de normas emitidas por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo; ambos órganos de Estado crearon una ley de emergencia para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). Para la UES, lo anterior refleja un conflicto crítico a nivel institucional, jurídico, político, económico y social, “en el que el mayor perjudicado es la población salvadoreña”. Por lo que exhortó a los órganos de Estado a cumplir con el artículo 1 de la Constitución de la República, que dispone que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana.
Ante esto, la UES pidió al presidente de la República, Nayib Bukele cumplir la medida cautelar decretada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), utilizando la normativa del Código de Salud, ya que la derogación del Decreto Ejecutivo No. 18 por el No. 19 constituye un fraude a la Constitución, por contener el mismo objeto de regulación.
De igual forma, la UES demandó al presidente Bukele cumplir con su obligación de brindar información veraz y oportuna, rindiendo los informes al órgano Legislativo y a la sociedad sobre el manejo de la crisis sanitaria y transparentado el empleo de los fondos públicos.
La UES también exigió a la Asamblea Legislativa “legislar de forma oportuna y ponderando los derechos a la vida, la salud y el trabajo. Debiendo evitar la ausencia de regulación en una situación extraordinaria como la actual”. En su pronunciamiento, la UES plantea que al emitir los decretos ejecutivos No. 18 y 19 el presidente de la República hizo una “interpretación extensiva” del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, en la que se basó para decretar el Estado de Emergencia, con el argumento de que la Asamblea Legislativa no estaba reunida, justificándose en la supuesta ausencia de legislación para proteger la vida y la salud de la población durante la pandemia. La UES explicó que la Asamblea Legislativa no prorrogó el Estado de Emergencia, debido al incumplimiento del presidente Nayib Bukele de rendir informes cada 15 días de la situación sanitaria del país; además, por la falta de transparencia y discrecionalidad con la que se están utilizando los fondos del Estado destinados a la atención de la pandemia.
Asimismo, el pronunciamiento plantea que, con la declaración de Estado de Emergencia, el Ejecutivo puede realizar adquisiciones y contrataciones sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
