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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió en el Aeropuerto Monseñor Romero, el cargamento de 9,000 frascos de líquido pigmentador, que será aplicado a los votantes el 28 de febrero, como prueba de haber emitido el sufragio en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El cargamento llegó al país procedente de México y fue recibido por la Dirección de Organización Electoral (DOE), en presencia de la Fiscalía Electoral, el director ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), José Antonio Palacios, y custodiado por la Policía Nacional Civil (PNC); son 90 cajas haciendo un total de 9,000 frascos de tinta con capacidad para más de 700 aplicaciones cada uno.
La fiscal electoral, Alma Campos detalló que la tinta indeleble fue trasladada a la DOE, donde será resguardada para posteriormente ser sometida a una prueba de efectividad, y finalmente colocada en los 8,451 paquetes electorales a utilizar en los comicios para diputaciones a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano (PARLACEN) e integrantes de los 262 concejos municipales.
Enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) verificará, resguardará y garantizará que cada etapa del proceso electoral se desarrolle de manera limpia, para respetar la decisión de cada salvadoreño, por lo cual, cerca de 2,350 fiscales externos se están capacitados de forma virtual, quienes contarán con conocimientos jurídicos y administrativos, a fin de defender la decisión electoral de cada votante. Se prevé delegar un fiscal por cada 10 JRV.
Suspensión de publicidad
El TSE anunció que desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero de 2021, queda prohibida la publicidad de infraestructuras estatales y municipales en cualquier medios de comunicación, a fin de que no sean utilizadas con fines propagandísticos. El Tribunal recalcó que el artículo 178 del Código Electoral señala que, durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los concejos municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que se haya ejecutado.
Esta disposición no pretende la paralización de las funciones del Estado ni impedir la necesaria publicidad de las contrataciones y obras de acuerdo con la ley, siempre que se trate de convocatorias o notificaciones sobre los resultados de adjudicaciones a los involucrados en los respectivos procesos, con el fin que puedan ejercer sus derechos legales.
