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Por Aldo Gamboa
Washington/AFP
Donald Trump removió del cargo a la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, quien había ordenado a su equipo a no defender el polémico decreto del presidente que impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
El mandatario también reemplazo al jefe interino de Migración y Aduanas Daniel Ragsdale.
Yates había detonado una verdadera crisis institucional al enviar una carta a su equipo con serias dudas sobre la legalidad y la moralidad del decreto firmado por Trump el viernes.
«No estoy convencida de que el decreto sea legal», escribió Yates a sus subordinados.
Yates estaba al frente del Departamento de Justicia desde la renuncia de Loretta Lynch, y debeía permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme a Jeff Sessions al frente de la cartera.
En una nota oficial de tono inusualmente agresivo, la Casa Blanca afirmó que Yates «traicionó el departamento de Justicia al negarse a aplicar una directiva legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos».
Trump designó al Fiscal General del Distrito Oriental de Virginia, Dana Boente, para ocupar el cargo hasta la confirmación de Sessions, partidario de aplicar «mano dura» contra los inmigrantes ilegales y cuya designación abordará el martes la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de esa cámara.
Boente prometió defender el decreto de Trump, el que dijo que era «legal tanto de forma como de contenido», por lo que rescindió las directivas de Yates e instruyó a sus subordinados «a cumplir con nuestra obligación y defender el decreto legal de nuestro presidente».
También se anunció la designación de Thomas Homan al frente de la agencia de Migración y Aduanas en lugar de Ragsdale.
No se anunciaron los motivos del reemplazo de Ragsdale, también heredado del gobierno de Obama.
Homan ayudará a «asegurar la aplicación de nuestras leyes de inmigración dentro de Estados Unidos, en consonancia con el interés nacional», dijo el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, en un comunicado.
Estos despidos constituyen el último capítulo de la polémica de alcance global que causó el decreto promulgado por Trump el viernes.
El lunes, Trump intentó retomar la iniciativa, y fiel a su estilo lo hizo a través de Twitter.
De acuerdo con Trump, Kelly «dijo que todo está bien y con muy pocos problemas. ¡Hagamos que ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO DE NUEVO!».
En otro mensaje, señaló que la aplicación de controles más estrictos para permitir la entrada a refugiados «fue parte importante de mi campaña. ¡Estudien el mundo!». «¡Hay muchos tipos malos por todos lados!», advirtió.
El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Influyentes legisladores del propio partido de Trump, el Republicano, ya expresaron su frontal rechazo al decreto y la forma en que la Casa Blanca trató la cuestión.
En medio del caos, el gobierno fue blanco de múltiples demandas en la justicia para anular los efectos del polémico decreto. Hasta ahora, Fiscales Generales de 16 Estados ya manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida de Trump.
Abrir otro frente
En ese ambiente en carne viva, Trump decidió adelantar para este martes el anuncio de su nominado para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia.
Originalmente ese anuncio estaba previsto para el jueves.
La máxima instancia judicial del país está bloqueada desde la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero del año pasado. Desde entonces funciona con ocho magistrados: cuatro conservadores y cuatro progresistas.
El expresidente demócrata Barack Obama propuso como sustituto al juez Merrick Garland, pero el Senado, controlado enteramente por el conservador partido Republicano, se negó a realizar audiencias de confirmación del cargo en un año electoral.
La Corte Suprema es la en última instancia interpreta la Constitución y debe tomar decisiones respecto a temas muy sensibles sobre los que pesa la ideología, como el aborto, el matrimonio homosexual y la posesión de armas.
En una entrevista divulgada el viernes, Trump adelantó que trabajaba con una lista de 20 posibles candidatos para cubrir la vacante en la Suprema Corte, y que los evangélicos estadounidenses quedarán «encantados» con el nombre que propondrá.
Rechazo generalizado
La polémica sobre el decreto antimigratorio dejó a Trump en el centro de una espectacular tormenta de rechazo a la nueva política.
El senador John McCain, peso pesado del partido Republicano y ex candidato presidencial, dijo el domingo que el decreto y la nueva política estadounidense para refugiados era simplemente equivocada.
En Silicon Valley, cuna de las empresas de tecnología, los responsables de gigantes como Apple, Microsoft, Google, Facebook, Airbnb y Netflix coincidieron en que bloquear el ingreso al país a refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes es «contrario a los valores estadounidenses».
Lloyd Blankfein, director ejecutivo del gigante Goldman Sachs, envió un mensaje de voz a los funcionarios del banco: «esta no es una política que apoyamos y además ya es cuestionada en tribunales federales».
Hasta el ex presidente Obama rompió el silencio este lunes: apoyó las protestas en todo el país y denunció la discriminación por razones religiosas, dijo su portavoz Kevin Lewis.
En tanto, el portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, confirmó que un número aún no confirmado de diplomáticos estadounidenses prepara una nota interna de disenso a la nueva política migratoria.
En respuesta, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, advirtió a esos diplomáticos que «deben seguir el programa o irse».
