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En Estados Unidos, el Gobierno federal pretende utilizar el acceso a la sanidad como herramienta para endurecer las condiciones de entrada y estancia de los migrantes.
El plan consiste en negar la residencia a todo aquel que necesite ayudas sociales e impedir la llegada de quienes no puedan pagarse un seguro médico.
Muchos inmigrantes que no disponen de seguro médico, reciben atención en establecimientos como la Clínica del Pueblo en Washington. Ese centro médico tiene abiertas sus puertas a todo el mundo, una anomalía en un país sin sanidad pública universal. La Clínica del Pueblo empezó como una ONG fundada por salvadoreños exiliados de la guerra en su país. Ahora, como clínica federal, también atiende a pacientes con seguro, aproximadamente el 60 %. Con ellos suplen la falta de ingresos del resto.
«La Clínica del Pueblo es un lugar tan grande y comunitario que atiende a todo tipo de personas, tengan seguro o no», comenta Xiomara Avilés de Chávez, una paciente de ese centro médico. Anualmente, la Clínica del Pueblo atiende a unos 5.000 pacientes y más del 85 % son inmigrantes latinoamericanos.
– Temor a pedir asistencia médica –
Pero el temor a pedir asistencia médica entre los inmigrantes ha aumentado.
El Gobierno estadounidense pretende implantar varios decretos que penalizan el cuidado sanitario para ese sector de población. Uno de ellos, la conocida como carga pública, por la que las autoridades pueden denegar la residencia si el solicitante ha pedido en el pasado determinados beneficios sociales como cartillas de alimentación, ayudas a la vivienda o programas federales sanitarios.
Además, el presidente Donald Trump quiere directamente endurecer la entrada al país estableciendo como requisito obligatorio la obtención de un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a la llegada. Otra opción, sería demostrar que se tiene dinero suficiente para sufragar determinados gastos médicos. Por el momento, asociaciones y jueces han conseguido suspender estas medidas.
– «Un derecho universal» –
Luis Freddy Molano, vicepresidente del Community Healthcare Network, una agencia que presta servicios sanitarios gratuitos en la ciudad de Nueva York, considera que «el derecho al cuidado de la salud es un derecho universal». Esa organización atiende anualmente a 60.000 pacientes, y más de la mitad de ellos son inmigrantes.
Molano explica que debido a las políticas del gobierno, muchos inmigrantes prefieren no recibir atención médica incluso gratuita por temor a que sus datos sean remitidos a las autoridades. No obstante, el vicepresidente de Community Healthcare Network subraya que para esa entidad la información de sus pacientes es confidencial y no se entrega a terceros.
Según el Instituto de Políticas de Migración de Estados Unidos, la proclamación presidencial sobre la entrada al país sujeta a los recursos que se tienen para la sanidad podría prohibir el ingreso de unas 375.000 personas al año. En tanto la Kaiser Family Foundation indica que uno de cada cuatro inmigrantes legales carece de seguro médico, en comparación con aproximadamente uno de cada 10 ciudadanos.
