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Washington/PL
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió hoy escuchar el recurso de apelación gubernamental sobre un caso relacionado con el tiempo del Departamento de Seguridad Nacional para detener a un inmigrante indocumentado tras salir de la cárcel.
La administración pidió revisar el fallo de la novena Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco, California, el cual a su juicio se equivocó.
Ahora, los inmigrantes pueden quedar en libertad tras ser exonerados de la custodia penal si la mencionada agencia federal no interviene directamente.
Según la jueza Jacqueline Nguyen, el máximo tribunal determinará si el Gobierno puede detener o no sin una audiencia de fianza a aquellos extranjeros recientemente liberados de una prisión local.
A finales de febrero, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los inmigrantes en centros de detención, 112 a nivel nacional, no tienen derecho a audiencias periódicas que evalúen su reclusión y puedan ponerles en libertad provisional.
Con esa decisión, criticaron diversas voces, el presidente Donald Trump amplió su poder en política migratoria, la cual acapara rechazo dentro y fuera de Estados Unidos.
Por otra parte, hace cuatro días organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una demanda contra el Gobierno por la violación de leyes sobre inmigración y el erróneo encarcelamiento de solicitantes de asilo.
De acuerdo con las entidades demandantes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) detiene a muchas personas durante meses antes de que puedan comparecer ante un juez para estos casos.
La iniciativa de la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro para Estudios de Género y Refugiados, Derechos Humanos Primero, y Covington & Burling LLP reclama que se declare la oficial política de disuasión como ‘arbitraria, caprichosa y contraria a la ley’.
Asimismo pide la introducción de una orden destinada a acabar con dichas prácticas y se deje en libertad a los inmigrantes si ellos no representan peligro para la seguridad nacional mientras los tribunales toman una decisión.
El recurso, presentado ante la corte federal del Distrito de Columbia, se basa en la observación de las actuaciones de cinco oficinas del ICE que han parado de otorgar casi por completo la libertad condicional desde comienzos de 2017.
