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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Afin de abordar los desafíos que la región centroamericana enfrenta, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) de la mano de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y de la International Budget Partnership (IBP), llevaron a cabo el conversatorio “Transparencia presupuestaria, participación y democracia en el actual contexto en El Salvador”.La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y los conflictos externos entre Rusia y Ucrania, han afectado directamente las tendencias económicas de la región centroamericana y especialmente a El Salvador, por lo que diferentes organizaciones civiles declararon que las problemáticas deben ser abordadas bajo “el diálogo y la gestión de las diferencias que emergen del debate público”, citando la transparencia y responsabilidad fiscal como principales soluciones.
Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, destacó la importancia de la transparencia en el ciclo presupuestario, respecto al cumplimiento de las garantías del acceso a la información, los mecanismos de rendición de cuentas y la participación ciudadana, elementos que aumentan su credibilidad. Sin embargo, reconoció que al país se le dificulta gestionar estrategias para manejar presupuestos abiertos, e incorporar procesos de diálogo y debate.
“Lamentablemente, El Salvador siempre ha mantenido bastante dificultad en materia de presupuesto abierto, es decir que, año con año, históricamente ha habido una deuda en materia de transparencia presupuestaria. Esto es clave en el proceso de formulación, se debe abrir al diálogo, al debate con los diferentes sectores”, indicó. Por su parte, el coordinador de ICEFI, Ricardo Castaneda, sostuvo que el presupuesto público apunta a la oportunidad del desarrollo de la sociedad en conjunto con la democracia, lo enmarcó como “antídoto” de la corrupción, no obstante, implica un importante componente político, que se ve reflejado en los conflictos de los diversos intereses.
Asimismo, destacó el reciente desplome de El Salvador referente al riesgo país, en el cual por debajo de Argentina, ocupa el segundo lugar del peor perfil de riesgo en Latinoamérica. La caída del país en el ranking mundial, responde a irregularidades como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general de la República, al igual que la implementación de la Ley Bitcoin.
Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación DTJ, apuntó que la transparencia fiscal ha tenido un retroceso fiscal en los últimos años, debido a que “no hay voluntad política en entregar la información necesaria para los análisis sobre política presupuestaria”, aspecto que se ve influido por la poca participación, tanto de la ciudadanía como de profesionales, lo cual obstaculiza el desarrollo de análisis confiables a falta de información fiable.
El desarrollo de una sociedad más democrática y “justa”, requiere presupuestos públicos que cumplan con la demanda, y sean desarrollados bajo transparencia, con la participación de la ciudadanía como principal eje para mejorar la calidad de vida de la población.
