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Miembros de SITRAL denuncian despidos de 251 empleados de la Asamblea Legislativa. Foto Diario Co Latino/Yanuario Gómez.

Trabajadores legislativos denuncian despidos arbitrarios

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunciaron el despido de 251 empleados en ese órgano de Estado, muchos de los cuales, a su juicio, sin justificación alguna, ya que son personas que han cumplido a cabalidad con las responsabilidades derivadas de su plaza laboral.

Según Luis Ortega, secretario general de SITRAL, estos despidos se efectuaron durante la legislatura pasada y que las 142 plazas suprimidas por la actual presidencia del congreso salvadoreño, a cargo de Norman Quijano, diputado de ARENA, vienen a sumarse a estas.
“Al unir ambas listas contabilizamos cerca de 400 despidos, dentro de estos hay casos injustificados y arbitrarios, esto porque ahí hay
personas que tienen diez o más años de laborar en la institución y se les ha cancelado su contrato violando así su derecho al debido proceso.

El representante sindical dijo estar consciente de que en la lista de más de doscientos empleados hay algunos que no asistían a laborar diariamente, es decir, “plazas fantasmas”, a quienes aclaró no representarán como sindicato.

Ortega, asimismo, expuso que la justificación del presidente Quijano de que la supresión de plazas responde a medidas de austeridad para ejecutar de mejor manera los recursos del congreso no son del todo ciertas, ya que tiene conocimiento que se está contratando nuevo personal. “El problema es que hay despidos pero están contratando nuevo personal, en mi poder tengo una lista de 19 empleados que fueron contratados desde abril a la fecha”, expuso el dirigente sindical.
El SITRAL también exigió a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa la contratación del seguro médico para los empleados, fondo que según Quijano se encuentra debilitado porque la administración saliente usó los recursos para pagar salarios.

El sindicato también reiteró su petición en razón de que se construya de forma inmediata el nuevo edificio para ese órgano de Estado ya que el actual es una amenaza latente para quienes ahí laboran, y es que este edificio fue declarado con bandera amarilla por los daños estructurales provocados por los terremotos de 2001.

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