80 organizaciones internacionales exigen la liberación inmediata del sindicalista Geovanni Aguirre

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un total de 80 organizaciones internacionales de derechos humanos, religiosas, sindicales y de la diáspora salvadoreña hicieron un llamado urgente al Estado salvadoreño para que libere de inmediato al dirigente sindical Geovanni Antonio Aguirre López, al denunciar que permanece detenido pese a contar con resoluciones judiciales que ordenan su libertad y que ahora enfrenta el riesgo de ser condenado en un juicio masivo bajo el régimen de excepción.

Las organizaciones, provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina, divulgaron este 9 de julio una carta pública dirigida al Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado, con copia al fiscal general Rodolfo Delgado y a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, en la que expresan su preocupación por lo que califican como una detención arbitraria prolongada y por presuntas violaciones al debido proceso.

En el documento sostienen que Aguirre López continúa privado de libertad a pesar de que existen órdenes judiciales que disponen su liberación. Asimismo, cuestionan que haya sido incorporado a un proceso penal masivo, una práctica que, según afirman, impide una revisión individualizada de su caso y prolonga de manera indefinida su detención.

Detenido desde 2022

De acuerdo con el comunicado, Geovanni Aguirre, empleado de la Alcaldía de San Salvador y dirigente sindical, fue capturado el 8 de mayo de 2022, pocos días después de participar en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Desde entonces permanece bajo custodia estatal en el contexto del régimen de excepción vigente en el país.

Las organizaciones aseguran que durante este período las autoridades judiciales emitieron dos resoluciones favorables para su liberación; sin embargo, estas no habrían sido ejecutadas. Señalan además que, tras recuperar la libertad el 1 de junio de 2023, fue detenido nuevamente de forma inmediata y que, desde entonces, su familia y sus representantes legales no han recibido información oficial sobre su ubicación ni sobre su estado de salud.

Según el comunicado, esta situación motivó que en septiembre de 2024 la defensa denunciara formalmente el caso como una desaparición forzada, debido a la falta de información sobre su paradero. Los firmantes sostienen que mantener detenida a una persona pese a existir órdenes judiciales de libertad constituye una violación tanto de la Constitución salvadoreña como de tratados internacionales suscritos por el país.

Denuncian criminalización de la actividad sindical

Las organizaciones afirman que varias de ellas conocen personalmente a Aguirre por su trabajo comunitario y aseguran que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. En ese sentido, consideran que su caso refleja un patrón de criminalización contra dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos.

También recuerdan que organizaciones sindicales salvadoreñas han llevado este caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solicitando la liberación de Aguirre y de otros sindicalistas detenidos por razones vinculadas con su actividad gremial. Según el comunicado, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha solicitado información al Estado salvadoreño sobre estos casos y ha instado a adoptar medidas para garantizar los derechos laborales y sindicales.

Las organizaciones sostienen que la libertad sindical, la libertad de asociación y el ejercicio de la protesta pacífica no deben ser tratados como conductas delictivas y exhortan al Estado salvadoreño a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Exigen seis medidas

Entre las principales peticiones dirigidas a las autoridades salvadoreñas figuran la ejecución inmediata de las órdenes judiciales que conceden la libertad de Aguirre, informar a su familia y abogados sobre su ubicación y estado de salud, garantizar una revisión judicial individualizada de su proceso y realizar una investigación sobre las circunstancias de su nueva detención y el incumplimiento de las resoluciones judiciales.

Asimismo, solicitan respetar la libertad sindical y poner fin al uso del régimen de excepción como mecanismo de persecución contra dirigentes gremiales y defensores de derechos humanos.

Testimonios internacionales

El comunicado incorpora pronunciamientos de representantes de diversas organizaciones internacionales que aseguran haber trabajado con Geovanni Aguirre durante varios años.

Bethany Renata Loberg, integrante de Salem Mennonite Church, en Oregón, afirmó que conoció al dirigente sindical en 2017 durante un intercambio juvenil y destacó su participación en proyectos de vivienda, campañas ambientales, formación de jóvenes y actividades comunitarias. Según expresó, nunca observó conductas relacionadas con actividades criminales y considera que su encarcelamiento es injustificado.

Por su parte, Christopher Ney y Linda Alvarado, codirectores de Fellowship of Reconciliation-USA, señalaron que Aguirre ha dedicado años al trabajo con familias y jóvenes en comunidades vulnerables y calificaron su caso como emblemático de las supuestas vulneraciones al debido proceso registradas durante el régimen de excepción.

Jhonathan Gómez, de la Red de Líderes Religiosos de Chicago, sostuvo que la detención del sindicalista representa un ejemplo de la criminalización de líderes sociales y sindicales, mientras que la religiosa Anita Cleary expresó preocupación por las familias que, según afirmó, desconocen el paradero de sus seres queridos detenidos en El Salvador.

En la misma línea, representantes de organizaciones religiosas y de solidaridad internacional manifestaron que continuarán dando seguimiento al caso y mantendrán la presión internacional para que las autoridades salvadoreñas garanticen el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

Contexto

El caso de Geovanni Aguirre se desarrolla en el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental de combate a las pandillas. Aunque la medida ha sido respaldada por el Gobierno por sus resultados en materia de seguridad, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y violaciones a derechos fundamentales.

La carta suscrita por las 80 organizaciones se suma a los pronunciamientos internacionales que solicitan revisar casos de personas detenidas durante el régimen de excepción y garantizar que los procesos judiciales se desarrollen conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.