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Yaneth Estrada
@caricheop
Ante las denuncias de vehículos del Estado en el evento del pasado fin de semana, frente a la Asamblea Legislativa, el Tribunal de ÉticaGubernamental (TEG) inició una investigación.
“La Ley ya establece que los vehículos nacionales o vienes públicos son para fines institucionales, ya hemos recibido varios avisos anónimos y esto nos obliga a nosotros a iniciar una investigación para determinar, si tenemos el número de placa, a qué institución pertenece y si era misión oficial o no”, enfatizó José Néstor Castaneda, presidente del TEG.
El domingo 9 de febrero, tras el llamado del presidente de la República, Nayib Bukele, a una insurrección debido a la no aprobación de $109 millones, personal del Gobierno instaló afuera de la Asamblea una tarima, se entregó refrigerio, se vio atrabajadores del Estado firmando listas de asistencia y vehículos de diferentes carteras proporcionado transporte.
De acuerdo a Castaneda, tras las denuncias del “posible” delito se tiene un período de nueve meses para presentar las pruebas para iniciar un juicio. Además, la multa que puede variar entre 4 y 40 salarios mínimos. En el caso de “coaccionar” a empleados para llegar al evento del 9F, consideró que eso no es competencia del TEG.
Persiguen más nepotismo
El máximo representante del TEG afirmó que dentro de 15 días podrían presentar algunos resultados de investigaciones por casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa. “Esta es una investigación bastante fuerte, el trabajo no ha sido fácil, son más de 2 mil personas
investigadas; nos están presentando los documentos, pero debemos hacer un cruce entre grados de parentesco, recordemos que la Ley incluye tercer y cuarto grado de consanguinidad”, dijo.
Asimismo, señaló que ya existen resoluciones y otras denuncias que están pendientes de resolución, que estarán en los próximos días,
debido al caso del nombramiento como presidente del INDES a Yamil Bukele, hermano directo del presidente de la República, Nayib Bukele.
En septiembre de 2016, el TEG emitió una sanción con respecto al caso del nombramiento de Yamil Bukele Ortez, hermano del entonces alcalde de San Salvador, como presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMDER). En el documento emitido por el TEG se detalló que Bukele transgredió la prohibición ética que impide nombrar, contratar, promover o ascender en cualquier entidad pública que se presida o se ejerza autoridad a cualquier familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto en los casos permitidos por la ley. Esta está regulada en el artículo 6, letra h, de la Ley de ética Gubernamental (LEG) y la sanción impuesta es de 10 salarios mínimos urbanos para el sector comercio.
