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El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencias (SC) informó ayer sobre la sanción a tres empresas aseguradoras por acciones anticompetitivas que irrumpen los lineamientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Competencias (LC).
Las aseguradoras sancionadas son Asesuisa Vida, ailment S.A, Seguros de personas; Sisa Vida, S. A, Seguros de personas y AIG Vida, S. A. Seguros de personas, a razón de haber configurado un acuerdo anticompetitivo en los procedimientos de licitación pública convocados, en el periodo de abril 2008 hasta abril 2012, por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Crecer y Confía, para la contratación de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
La multa impuesta por el Consejo Directivo de la SC asciende al 1.2% de las ventas totales del ejercicio fiscal de 2014, equivalente a un monto diferenciado entre cada aseguradora. Para Sisa Vida representa $1,469,973.09, para Asesuisa Vida $1,365,364.56 y para AIG Vida $590,495.58, creando un monto en conjunto de $3,425,797.23.
El acuerdo anticompetitivo consistió en la manipulación y la suspensión de ofertas para repartirse el mercado de las licitaciones realizadas por cada AFP para la contratación del SIS, de manera que las pólizas licitadas fuesen adjudicadas a la aseguradora perteneciente al mismo grupo económico de la AFP.
Según el análisis del Consejo Directivo de la SC, lo anterior se representa en un conjunto de acciones como la abstención de ofertar por parte de AIG Vida en las licitaciones de AFP Crecer y SiSa Vida en las licitaciones de AFP Confía, y la presentación de ofertas diferenciadas por parte de Asesuisa Vida. Otra de las acciones adjudicadas fue la cesión del 95 % del riesgo de la póliza adjudicada Sisa Vida en las licitaciones de AFP Confía, permitiéndole así participar indirectamente.
“AIG Vida se abstiene de ofertar y únicamente oferta un año. En 2009 AIG Vida oferta reasegurado por Sisa Vida, presenta sus ofertas y detrás de estas se encuentra Sisa Vida, con el respaldo del 95% del riesgo que AIG Vida está asumiendo, es decir que AIG Vida solo retiene el 5%”, declaró, Gabriela Flores, coordinadora de la Unidad de PrácticasAnticompetitivas.
Asimismo, AIG Vida ha sido sancionada por otra infracción. “Dentro del procedimiento de investigación se hicieron requerimientos de información y AIG vida tuvimos que sancionarla porque no colaboró de una manera exacta y concreta en todo lo requerido. En este caso se hace un procedimiento aparte derivado del procedimiento de prácticas anticompetitivas que se está llevando a cabo, se estableció una multa y hasta el momento no ha sido pagada.”, comentó Aldo Cáder, Intendente de Investigaciones.
En cuanto a la resolución, el Consejo Directivo del SC ordenó a las empresas sancionadas abstenerse de realizar la conducta, comprobada y declarada como práctica anticompetitiva en las próximas y futuras licitaciones públicas convocadas por las AFP para la contratación del SIS.
“A fin de evitar que se repitan conductas anticompetitivas, el Consejo Directivo del SC, recomienda establecer una mesa de trabajo con la Superintendencia del Sistema Financiero para analizar y proponer reformas al marco normativo de licitaciones del SIS para los afiliados de las AFP”, enfatizó Francisco Díaz, superintendente de competencia.
Por otra parte, mediante un comunicado de prensa, Asesuisa Vida, manifestó su total desacuerdo con la resolución de la SC. “Presentamos importante documentación que demuestra que hemos actuado con respeto por los mecanismos de supervisión y por el marco legal ?regulatorio coordinado por la Superintendencia de Pensiones, la SC emitió su resolución con base en indicios, y no con base en pruebas sustentables, tal como la misma resolución lo expresa”, indicó la entidad a través de comunicado.
La aseguradora también indicó que valora y considera fundamental la competencia, y que la relación entre Asesuisa Vida con AFP Crecer, en El Salvador, es eminentemente comercial y han seguido las normas y procesos en cada licitación.
“La historia de la compañía ha evidenciado nuestra conducta transparente y respetuosa de las leyes y las instituciones del país. Por ello, haciendo uso de las facultades que la misma ley nos otorga, acudiremos a las instancias judiciales correspondientes para fundamentar las inconsistencias que de acuerdo a nuestro análisis jurídico presenta esta resolución, y así continuar la discusión jurídica del proceso”, concluyó la entidad.
