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Alicia García, técnica del Área de Transparencia y Anticorrupción; Ramón Villalta, director ejecutivo de la ISD; Oscar Campos, coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción. Foto Diario Co Latino/Jorge Rivera.

Subcomisión legislativa no evalúa de manera equitativa a candidatos a magistrados, asegura ISD

Oscar López
@OscarCoLatino

La Asamblea Legislativa inició el proceso de entrevista a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso del cual es observador la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos, entre otros.

Al participar como observador en el proceso, la ISD encontró algunos detalles que consideró no acordes al trabajo de la subcomisión legislativa responsable de entrevistar a cada uno de los candidatos, por lo que la organización social afirmó que la subcomisión legislativa “no tiene metodología técnica y objetiva para evaluar de manera equitativa a los candidatos”.

“Vemos con preocupación que, luego de 12 entrevistas a candidatos, la subcomisión legislativa esté tomando un rol discrecional, filtrando las preguntas de manera que no se permite conocer a profundidad el pensamiento jurídico, la idoneidad o las capacidades que tienen los candidatos”, afirmó Oscar Campos, coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la ISD.

De igual forma, Campos indicó que durante las entrevistas se cuestiona más a unos candidatos, por lo que no se aplica la misma rigurosidad a todos los aspirantes a ocupar una magistratura dentro de la CSJ.

“A unos se les aplicó interrogatorios en los que se busca conocer el desenvolvimiento profesional que han tenido, en especial en casos en los que han sido jueces o magistrados, y en otros candidatos, que vienen de cargos en instituciones nombrados por la Asamblea, han sido más suaves sus preguntas”, explicó Campos.

Ramón Villalta, director ejecutivo de la ISD, agregó que de los miembros de la subcomisión legislativa solo dos son abogados, por lo que el resto de sus miembros desconoce “el trabajo que realiza un juez o un magistrado, menos del trabajo que le corresponde a un magistrado de la Sala de lo Constitucional”.

“Para determinar la idoneidad del cargo de una persona, el criterio no es eminentemente político, es técnico. Debería de ampliarse el tiempo de las entrevistas, debería de garantizarse que todas las preguntas que se pasen sean realizadas”, argumentó Villalta.

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