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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“Han sido tres años de corrupción, mentiras, abuso de poder y sufrimiento para el pueblo trabajador; la pobreza se ha incrementado, la canasta básica de alimentos ha subido a precios alarmantes sin que el gobierno tome medidas esenciales al respecto”, así calificaron los representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), los tres primeros años de gobierno del presidente Bukele.
A criterio de Marisela Ramírez, del BRP, este uno de junio se cumplen tres años que en el país se instaurara un régimen dictatorial, durante los cuales la población ha vivido un grave deterioro de las condiciones de vida, donde todo está más caro, quiebran más empresas, crece el desempleo, aumentan los despidos en el gobierno, pues los empleados públicos mayores de 60 años han sido obligados a retirarse sin garantías compensatorias.
Enfatizó que son 3 años de violación a los derechos laborales y abandono a los sectores productivos, hay desatención a productores agrícolas y los insumos para la siembra están por los cielos; faltan medicinas en los hospitales y mueren más pacientes por falta de atención médica hospitalaria oportuna. Eliminó los programas sociales de Ciudad Mujer, Agricultura Familiar, Amanecer rural, Empleo para jóvenes, y recortó el presupuesto de la Universidad de El Salvador en más de $15 millones.
“Han sido tres años de las más graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos después de los Acuerdos de Paz, con persecución a la prensa, a personas opositoras políticas, religiosas y académicas; con un dramático aumento de personas desaparecidas y una población migrante que se ha multiplicado por tres veces, que huye del país por miedo a la violencia o por hambre, en busca de una mejor vida y también de asilo político. Un retroceso inadmisible, intolerable y condenable”, afirmó Ramírez.
Asimismo, dijo que el gobierno le arrebató ilegalmente el dinero del FODES a los municipios, fondo que permitía a las alcaldías funcionar y desarrollar obras que la población demanda con mayor urgencia, como caminos, chorros públicos, reparación de parques, recolección de basura, becas a estudiantes, entre otras necesidades; dañando directamente a las comunidades y violando impunemente la autonomía municipal.
Para la representante del BRP, este mal gobierno ha emitido, junto con su Asamblea Legislativa “aprieta botones”, leyes para encubrir sus malos manejos y despilfarro de dineros públicos, como la ley Alabi, la cual, prohíbe conocer los gastos asociados a la pandemia, así como la investigación y sanción de quienes manejen mal estos recursos; la declaratoria de reserva de los gastos del Plan Control Territorial; gastos de Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa.
“Estos tres años de gobierno han sido de desmantelamiento de la democracia y de las instituciones vigilantes de derechos humanos, la transparencia y acceso a la información pública; de golpes de Estado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndolas en instituciones apéndices del Órgano Ejecutivo. Para sostener esta situación injusta y que no tengan castigo quienes en este gobierno malversen fondos públicos, el régimen necesita someter, atemorizar, reprimir y encarcelar a personas opositoras”, recalcó.
Entre los fracasos del gobierno mencionados por el BRP está el Plan Control Territorial, el cual dejó al descubierto el pacto de Bukele con las pandillas; el bitcoin como moneda de curso legal, que sólo sirve al crimen organizado para lavar dinero sucio y estafar al Estado utilizando recursos del pueblo.
El BRP anunció que este uno de junio, las diversas organizaciones y movimientos populares se concentrarán en el monumento al Divino Salvador del Mundo, en rechazo a los tres años de gobierno del presidente Bukele, quien en este período ha instrumentalizado la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC), en función de sus desmedidas ambiciones de poder.
De acuerdo con las organizaciones, lo bueno de estos tres años es que los movimientos populares están derrotando en las calles y en las redes sociales, el miedo y desinformación del gobierno, así como los intentos de impedir la movilización con retenes, amenazas y estados de excepción.
