Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El pleno de las organizaciones ambientalistas y sociales que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, urgieron al presidente Nayib Bukele la “aprobación urgente de una política ambiental enfocada en la sustentabilidad de los bienes naturales”, afirmaron en su pronunciamiento en las vísperas del tercer año de gestión presidencial.
Tatiana Oliva afirmó que durante unas semanas se dedicaron a examinar el Plan Cuscatlán, que contiene proyectos y compromisos de la actual administración por lo que a tres años de su gestión el “Balance Ambiental” fue calificado de estar mayormente vinculado a megaproyectos que a la protección ambiental.
“El reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución de la República es una promesa que además está reconocida por las Naciones Unidas desde el año 2010, y que ha sido una exigencia desde el movimiento ambiental, organizaciones y comunidades, los diputados de la Asamblea Legislativa no han visto como prioridad ratificar este derecho y desde el Ejecutivo no se han realizado acciones de promoción del mismo”, señaló.
En cuanto al “modelo urbano hídricamente sostenible”, Oliva manifestó que las proyecciones ambientales que planteó el gobierno solo reflejan un inminente impacto en los ecosistemas del territorio nacional, lo que terminaría agudizando la crisis ambiental que ya experimenta el país.
“Proyectos mal llamados de desarrollo como Ciudad Bitcoin, el aeropuerto de Oriente y el Tren del Pacífico son iniciativas potencialmente para agudizar la crisis ambiental en todo el territorio, pero especialmente en la zona oriental, la cual ya está siendo impactada por los efectos del cambio climático en la ampliación del corredor seco”, afirmó.
“La deforestación, la destrucción de los manglares son ejemplos claros de los impactos que sufrirá la zona a causa de estos mega proyectos, sin contar con el aumento de la frontera de salinización de los mantos acuíferos de la zona costera”, reiteró Oliva.
Asimismo, señalaron en su evaluación sobre el desarrollo normativo del derecho al agua y saneamiento, que está muy lejos de la promesa de campaña de una Ley General de Recursos Hídricos, que aprobó la bancada oficial y partidos afines, y que el próximo mes de julio entra en vigencia, no cuenta con elementos suficientes que garanticen “la gestión sustentable” del agua en territorio salvadoreño.
Además, resaltaron la falta de una ley general de agua que incluya un “enfoque de cuenca”, así como la definición clara de los usos prioritarios del agua, los cuales deberían enmarcarse en los estándares internacionales de derechos humanos, y con una autoridad rectora eminentemente pública y con la finalidad precisa de prohibir cualquier modalidad privatizadora del agua.
Tampoco, hay reconocimiento sobre la participación de la población para tomar decisiones de cómo se puede utilizar el agua y solo se plantea como un enunciado y no se desarrollan en ningún apartado de la normativa, especificaron los representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en el caso del Convenio entre ANDA y la urbanizadora Dueñas, Rodolfo Calles consideró que era preocupante la decisión de la Sala, porque este tipo de “concesiones” por ser bienes del Estado salvadoreño, deben pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
“Este es un trámite normal que la Asamblea establece y obviamente el gobierno que esté -cualquier tipo de concesión- minero, agua u otro recurso nacional, debe pasar primero por la Asamblea y me atrevo a decir que con una mayoría calificada”, indicó.
“Y con la resolución de la Sala de lo Constitucional, preocupa que trasladen este tipo de resoluciones como una cuestión administrativa, y que la puede hacer el Ejecutivo como lo hizo en este caso y esto es grave porque, cualquier proyecto privado que se vaya a construir que tenga que ver con recursos del Estado, no va a pasar por la Asamblea Legislativa, entonces, eso prácticamente es una privatización de los recursos del Estado”, agregó Calles.
Ante la falta de medidas y carencia de políticas de protección del medio ambiente que impacta directamente a poblaciones vulnerables en el país, Adalberto Blanco manifestó que el primer impacto a grupos poblacionales es la falta disponibilidad del recurso hídrico para su subsistencia y sus cultivos, que se eleva por la falta de calidad de la misma.
“Recordemos, somos un país multi amenazas, climatológicas, terremotos, sociales, como el tema del COVID-19, y al no desarrollar este tipo de medidas ambientales están generando mayor vulnerabilidad a la población y estamos a un paso de entrar a una grave crisis alimentaria en el país y los pronósticos que se esperan son alrededor de 900 mil personas en los primeros meses de este año por situación de hambre y más de 3 millones por crisis alimentaria”, subrayó.
“No se han hecho acciones para prevenir estas situaciones límites para las poblaciones. Y por el contrario hemos visto su inclinación por megaproyectos estadios, trenes, aeropuertos y ninguna de sus medidas -del presidente Bukele- de sembrar un millón de árboles en el bypass de La Libertad o de bypass de San Miguel, no han sido cumplido, solo somos testigos de la destrucción ambiental”, suscribió Blanco.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, también exigió que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realice una función fiscalizadora y sea garante del cuido de los bienes naturales, y cese la función de convertirse en un “tramitador de permisos ambientales”, que amenazan y destruyen los diversos ecosistemas del país.
Amalia López sugirió al MARN dejar de expedir permisos ambientales para la construcción de megaproyectos de complejos habitacionales y comerciales en zonas directas de recarga acuífera, áreas que por sus condiciones topográficas y de permeabilidad y textura del suelo permiten mayor infiltración de aguas subterráneas.
“Queremos que cuando buscan implementar proyectos, que se realicen estudios de impacto ambiental y en la salud -los cuales- deberán estar apegados a las necesidades ambientales que vive el país y con su debida consulta pública”, reseñó.
“Y seguimos exigiendo que se busque la negociación y firma de un tratado de aguas transfronterizas con enfoque de cuenca compartida con Honduras y Guatemala. Por tanto, a tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, hace un balance negativo en materia ambiental en el país”, puntualizó López.
