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Por Leonel Herrera*
Unas 160 iglesias, organizaciones e instancias ecuménicas de 27 países, de diversas regiones y de todos los continentes, expresaron su respaldo a la lucha ambiental en El Salvador. Respaldan especialmente a las organizaciones e instituciones que resisten a la reactivación de la minería metálica.
El pronunciamiento, presentado esta semana en San Salvador, respalda la postura de la Iglesia Católica y otras iglesias salvadoreñas que piden derogar la Ley General de Minería Metálica y proponen restablecer la prohibición definitiva de esta nociva industria que amenaza gravemente al medioambiente, el agua, la salud y la vida humana.
“Cientos de miles de salvadoreños aún carecen de acceso a agua potable en sus hogares y muchos más pasan días sin agua debido a la escasez y a la contaminación existente en ríos, lagos y arroyos, lo cual se vería agravado por la minería metálica”, plantea el manifiesto firmado por iglesias de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile.
La misiva aplaude las gestiones realizadas por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien ha pedido revertir la nueva ley minera avalada en un clásico “madrugón legislativo”. La aprobación de dicha normativa fue en diciembre del año pasado, sin ningún estudio técnico, sin debate público, sin consultar a los expertos y contrariando la opinión de la mayoría de la población que -según todas las encuestas- rechaza la reactivación minera.
El pronunciamiento también celebra la declaración del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) sobre minería emitida la semana pasada, en la cual los obispos católicos de la región han externado su “preocupación por la acelerarada expansión de esta industria extractiva en los países centroamericanos”.
Las iglesias del mundo también se solidarizan con los defensores de derechos ambientales perseguidos judicialmente, y respaldan la demanda de libertad planteada por sus organizaciones. Se expresan particularmente por los casos de la abogada de derechos humanos Ruth López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico y cooperativista José Ángel Pérez.
También expresan su preocupación por las dilataciones del proceso penal contra los líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, quienes han sido absueltos en dos ocasiones, pero el segundo fallo absolutorio aún no ha sido entregado en forma escrita por el Juzgado de Sentencia de San Vicente.
La carta también está firmada por iglesias y organizaciones ecuménicas de Alemania, España, Portugal, Italia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Suiza, Palestina, Sudáfrica, Filipinas, Zambia, Kenya, República Democrática de Congo y Australia.
La criminalización y persecución judicial contra activistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, analistas críticos y disidentes del discurso oficial también ha sido denunciada por instancias de Naciones Unidas, la CIDH y organizaciones como Human Right Watch, Amninstía Internacional, WOLA, entre otras.
Las iglesias y entidades religiosas también llaman la atención sobre la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) con la que el gobierno salvadoreño “intenta silenciar y desmovilizar a las organizaciones de la sociedad civil”, y respaldan la demanda de revertir dicha normativa.
Este tipo de normativas es propio de regímenes autoritarios, represivos y dictatoriales. Su propósito es anular el espacio cívico, impedir la organización social y bloquear el ejercicio de ciudadanía. El oficialismo salvadoreño la aprobó en represalia contra las organizaciones que denuncian la corrupción, las injusticias y las violaciones de derechos humanos, y acompañan las demandas de la población.
La LAEX establece un impuesto del 30% a las ONGs que -según el gobierno- realicen “activismo político”, multas de 100,000 a 250,000 dólares a ONGs que incumplan disposiciones de la ley, penas de 5 a 15 años de prisión para miembros de organizaciones y la cancelación de la personería jurídica de ONGs non gratas para el régimen.
Con la aplicación de esta normativa el gobierno ha logrado que muchas ONGs prefieran guardar silencio, replegarse, dedicarse a otra cosa o hasta “cambiarse el nombre”. Así ha logrado avanzar rápidamente en la implementación de su agenda autoritaria y consolidarse en el poder con poca o nula resistencia social.
Así que, enhorabuena, la contundente expresión de solidaridad de las iglesias, organizaciones religiosas y entidades ecuménicas del mundo. Por el bien del país y los destinos del pueblo salvadoreño, es necesario que esta solidaridad, respaldo y acompañamiento internacional se exprese de manera permanente y con mayor fuerza.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista ambiental.
