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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La comunidad de Santa Marta, municipio Victoria, departamento Cabañas, ha expresado de diferentes maneras sentirse agraviada por la captura de cinco líderes, acusados sin pruebas de delito en tiempos del conflicto armado.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura, el pasado 11 de enero, a tres líderes de la comunidad y a dos integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES). Ellos son: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Agustín Rivas y a Fidel Dolores Recinos.
La comunidad Santa Marta es una comunidad modelo en su organización social, en la que viven familias que repoblaron el lugar, años después de masacres cometidas por el ejército en tiempos del conflicto armado. Son modelo en la gestión de desarrollo y de solidaridad entre sus miembros.
Pese a que desde hace mucho tiempo existían demandas de justicia por el sufrimiento causado en las masacres, jamás el sistema judicial inició ningún proceso para establecer la vedad y para realizar reparación moral y material, como lo establece el informe de la Comisión de la Verdad o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora se inicia un proceso en el que se acusa, sin pruebas (como lo afirma la defensa en la primera audiencia judicial), contra personas que han desarrollado una labor en beneficio de la comunidad y, además, se declara reserva al proceso y se deja detenidas a las personas capturadas.
La comunidad, las diferentes organizaciones sociales, han expresado su solidaridad con las personas capturadas y con la comunidad agraviada, bajo el lema de “Santa Marta no está sola”, también la solidaridad internacional se ha hecho sentir en el caso.
Todos reconocen la inexistencia de garantías de un proceso transparente y justo, muchos expresan la sospecha de que existe, en el caso, interés político de acallar la lucha en contra de la minería, que es uno de los aportes de la comunidad de Santa Marta y de ADES.
Otros ven en el caso el interés de mandar un mensaje, tanto a los ex combatientes y miembros del FMLN como a algunos de la FFAA, de advertir de la intención de llevar la persecución política hasta toda persona que haya sido parte en el conflicto armado, que hizo posible la firma de la paz y la creación de una nueva institucionalidad en el país.
Este ataque a Santa Marta y a ex combatientes del FMLN, se realiza en el marco del 31 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, denigrados por el oficialismo y, en particular, por el presidente de la República
Constituye la apertura de una nueva página de persecución política, que mantiene encarcelados a decenas de ex funcionarios del gobierno FMLN, y al ex alcalde de San Salvador.
Esa persecución abarca a periodistas, organizaciones sociales no gubernamentales y a críticos del gobierno.
Santa Marta no está sola, y nos unimos a su exigencia de un proceso apegado a derecho en el caso de sus líderes capturados, eso significaría que deben ser liberados, pues la fiscalía no aporta pruebas de que son efectivamente autores del delito que se les atribuye.
La criminalización de la rebelión popular que desafió a la dictadura militar es una muestra que el gobierno actual está dispuesto a entregar, cada vez más poder a las fuerzas armadas, a apoyar su régimen en la vieja doctrina desechada en la reforma constitucional de 1991 y en las leyes que dieron nuevo rostro al ejército y crearon la policía nacional civil.
Sobre la agresión a Santa Marta y a sus líderes, es lógico especular que las motivaciones y vías de desarrollo son algo más grave, no es casual la reacción internacional que arropa con su solidaridad a quienes ahora luchan por la libertad de los detenidos y un proceso apegado a derecho.
Exigirlo es obligado, aunque se sepa de la cooptación realizada del sistema judicial por parte del gobierno de turno.
La Solidaridad con Santa Marta es una llama que debe mantenerse viva.
