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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele, para decretar régimen de excepción por el alza de los homicidios durante el fin de semana, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) señaló que esta medida evidencia el total fracaso del Plan Control Territorial, o más bien la inexistencia del mismo.
A criterio de los abogados del CEJ, el alza de homicidios parece ser la excusa adecuada, para solicitar la suspensión de garantías Constitucionales, ya que el régimen de excepción es la medida más extrema ante situaciones de grave perturbación del orden público. “Hacemos un llamado a la Asamblea para que sean responsables en su función, analizando y debatiendo los alcances del régimen de excepción solicitado, no pasando por encima de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución. Pedimos a las autoridades de Seguridad, PNC y FGR a realizar bien su trabajo, no permitiendo que lleguemos a los extremos en los que tristemente nos encontramos”, expresó el CEJ.
Entre tanto, Acción Ciudadana, como organización se mostró de acuerdo con que el Estado investigue y sancione a quienes cometen delitos, sin embargo, consideró que el gobierno debe agotar las vías y procedimientos ordinarios para combatir el delito, antes de adoptar medidas extremas que signifique la afectación de los derechos de la ciudadanía honesta, como lo sería el régimen de excepción. “Nunca estaremos en favor de la impunidad y el crimen, corresponde al gobierno establecer los planes que enfrenten la criminalidad de forma efectiva, con pleno respeto de las leyes, el debido proceso y los derechos humanos. Llamamos al gobierno a que haga uso más eficiente de los organismos de inteligencia del Estado para desarticular a los grupos criminales que están actuando con total impunidad, sin afectar los derechos de la ciudadanía honesta”, expresó Acción Ciudadana.
Además, la especialista en derechos humanos, Celia Medrano, afirmó que el gobierno no agotó todas las medidas previas para contrarrestar los hechos de violencia registrados en el país desde el viernes 25 de marzo. Mientras que, David Morales, ex titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), externó que la evidencia del pacto del Estado con las pandillas es muy clara, no tienen credibilidad y solo hacen publicidad sobre la sangre del pueblo. El titular de la PDDH, Apolonio Tobar, convocó a una reunión virtual a todos los procuradores adjuntos específicos y ordenó la activación inmediata de todos los delegados departamentales, para estar atentos y vigilantes del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. La abogada de Cristosal, Zaira Navas, dijo que a la delincuencia se responde con políticas y planes de seguridad a partir de análisis criminológicos y de inteligencia, con el estado de excepción habrá capturas generalizadas sin debido proceso contra cualquiera. Después de casi 3 años de gobierno no hay excusa que valga, pues controla la FGR, CSJ, PNC y FAES.
