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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS) interpusieron un aviso en la Fiscalía General de la República, para solicitar que el ministerio público inicie una investigación en contra de Marco Antonio Fortín expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
De acuerdo a lo manifestado por los demandantes el exfuncionario suscribió un convenio de cooperación en febrero de 2016 entre la autónoma y la sociedad Dueñas Hermanos Limitada, esta última financiaría la perforación de ocho pozos profundos y desarrollaría obras complementarias en la zona conocida como Valle El Ángel, en el municipio de Apopa.
A cambio la ANDA se comprometería a reservar un caudal de 200 litros por segundo para uso exclusivo de la mencionada empresa, para el desarrollo del megaproyecto urbanístico denominado “Ciudad Valle del Ángel”, a ejecutarse en la zona norte del conurbano capitalino.
“Para nosotros este convenio tiene todos los vicios de inconstitucionalidad, es además inmoral, injusto y dañino a los intereses de la población de los municipios aledaños al proyecto, si varios municipios del área metropolitana de San Salvador enfrentan problemas serios de abastecimiento de agua ¿cómo es posible que el presidente de ANDA decidiera poner a disposición de un privado una reserva estratégica par el área metropolitana?, sostuvo Carlos Flores vocero de ECOS.
Flores reiteró que el convenio celebrado por Marco Fortín es inconstitucional, debido a que la ANDA carece de la facultad de hacer concesiones siendo esta una atribución que le compete solo a la Asamblea Legislativa. “No está considerado en la Ley Orgánica de la ANDA que la institución pueda tomar este tipo de decisiones”, expresó.
ECOS avisó a Fiscalía el posible cometimiento del delito de actos arbitrarios de parte de Fortín. Alejandro Henríquez miembro de la organización explicó, que el acuerdo firmado por el exfuncionario contraviene lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República, en lo relacionado a la concesión de la explotación de bienes nacionales de uso público, la cual debe pasar por votación en la Asamblea Legislativa.
El convenio está pactado para una duración de quince años, y lo que pretende es brindar factibilidad para la explotación de una importante reserva hídrica en el municipio de San Juan Opico. “Se está entregando el control de un recurso estratégico a una empresa privada para que lo usufructúe, esto no solo es inconstitucional es injusto”, manifestaron los representantes de ECOS.
El organismo adelantó que en las próximas semanas interpondrán una demanda de inconstitucionalidad en contra del megaproyecto “Ciudad Valle del Ángel”, el cual contempla construir, millares de viviendas y un centro comercial en un área de 326 manzanas, al norte de San Salvador.
