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Luis Ponce
@DiarioCoLatino
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), una iniciativa ciudadana que reúne a diferentes actores sociales, presentó dos demandas ante la Fiscalía General de República (FGR). La primera es contra un grupo de ex funcionarios del partido ARENA que fueron parte del Gobierno de Elías Antonio Saca y que podrían estar involucrados en la trama de corrupción por la que actualmente es procesado el ex presidente antes mencionado. La segunda contra Roberto Rubio Fabián, director de FUNDE, por irregularidades en los honorarios recibidos por Casa Presidencial, también en exgobiernos de ARENA.
En cuanto al primer caso, la base radica en una serie de documentos revelados a través de redes sociales y medios digitales, con apariencia de ser copias de recibos con grandes cantidades de dinero, firmados por los hoy involucrados.
En ese sentido, el llamado que hace ASGOJU es para que la Fiscalía investigue la veracidad de los mismos. Los señalados son: Luis Mario Rodríguez, ex secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia; Federico Hernández, ex presidente del extinto CONCULTURA; Gerardo Suvillaga, ex director del Centro Nacional de Registros; Albino Román, ex director de CEPA; Darlyn Meza, ex ministra de Educación; Michell Gallardo, ex viceministra de Medio Ambiente y Turismo; Carmen Sosa, ex directora del ISNA; Luis Cardenal, ex ministro de Turismo, Margarita Escobar, ex viceministra de Relaciones exteriores, y Rodrigo Ávila, exdirector de la PNC. Todos estos funcionarios ejercieron esos cargos durante la presidencia de Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009.
Estos ex funcionarios recibieron sobresueldos, bajo el concepto de “Bonificaciones Especiales”, de entre $1,500 dólares y $11 mil dólares mensuales, de acuerdo a los recibos originales presentados por Alejandro Muyshondt, quien también asegura que existen otros ex funcionarios que recibían hasta $25 mil dólares de sobresueldos de manera mensual.
Hay que recalcar que el aviso interpuesto ante la FGR es para “exigir al señor fiscal que proceda con la investigación que corresponda. No hemos comprobado la veracidad de los documentos, con apariencia legal porque están firmados y algunos tienen hasta sello, son de conocimiento público y es un elemento para investigar”, señaló Leonel Herrera, director de ARPAS.
“La fiscalía no debería esperar que nosotros vengamos a darle aviso, sino que de oficio debería investigar, pero como no hemos visto interés de hacerlo, nosotros en nuestra calidad de ciudadanos cumpliendo con una obligación ciudadana, porque las leyes dicen que todo ciudadano tiene la obligación de dar aviso a las autoridades cuando considera que hay indicios del consentimiento de un delito, eso es lo que nosotros venimos a hacer en este momento”, agregó Herrera.
La solicitud es pues que los señalados sean investigados por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, así como por el delito de lavado de dinero y activos, tipificado en el artículo cuatro de la ley contra el lavado de dinero y activos.
En el caso de Roberto Rubio Fabián, cuya organización que dirige suele hablar de transparencia y anticorrupción, aunque no aparece firmando recibos, él, según Herrera, recibía de Casa Presidencial depósitos bancarios. Aunque Rubio manifestó que era concepto de honorarios de servicios prestados a CAPRES, no se tiene conocimiento de que los haya declarado en Hacienda. También ha manifestado que fue por ser funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) pero no se sabe si siendo funcionario hizo declaración patrimonial de los bienes recibidos.
ASGOJU espera que la la FGR admita el aviso de la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, así como se le de el tránmite correspondiente a está iniciativa y se realice una investigación de forma exhaustiva. Además, que oportunamente se presente el requerimiento fiscal que corresponda o antejuicios en el caso de quienes son diputados actualemente.
