Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Saúl Méndez
Colaborador
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD) denunció la existencia de un mecanismo sistemático de persecución y acoso laboral contra personal sindicalizado del sector, presuntamente destinado a forzar la desafiliación bajo la amenaza de despido.
Según el sindicato, la campaña de acoso habría sido impulsada desde Casa Presidencial (CAPRES) y ejecutada por el ministro de Salud, Francisco Alabi, desde 2024. No obstante, denunciaron que en el último año la situación se ha agravado, con despidos masivos y persecución contra trabajadores sindicalizados, quienes aseguran haber recibido amenazas de destitución y supresión de plazas.
El presunto mecanismo operaría mediante “denuncias fabricadas” presentadas por personas que se hacen pasar por pacientes para incriminar al personal de salud.
Sonia Navarrete, representante del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), explicó que parte del proceso consiste en que las autoridades están citando a los trabajadores para que llenen una matriz en la que deben declarar a qué sindicato pertenecen, su edad, su estado de salud y otras condiciones que podrían ser utilizadas para justificar despidos. Añadió que, según la información que manejan, el próximo 19 de diciembre se entregarían las cartas de despido al personal.
Navarrete señaló que, por el momento, las destituciones se están llevando a cabo mediante procesos “amañados”. Uno de los métodos denunciados consiste en enviar falsos pacientes para generar supuestas quejas que luego sirven como base para iniciar procedimientos disciplinarios. Detalló que, generalmente, primero se impone una suspensión y, al concluir ese periodo, cuando el trabajador o trabajadora se presenta nuevamente a su puesto, recibe la notificación del proceso de despido.
Según la representante del MDCT, estos casos se sustentan con testimonios fabricados, ya que incluso pacientes reales han negado haber sido víctimas de maltrato, pero no se permite que sean presentados como testigos. En cambio, la administración utiliza como testigos a los falsos pacientes que fueron enviados para acosar, insultar o provocar al personal de salud, con el fin de justificar sanciones que terminan en despido. Afirmó que estas prácticas se están registrando a nivel nacional.
Navarrete advirtió que la situación se agrava porque las Comisiones del Servicio Civil también están siendo manipuladas por las jefaturas, lo que deja en desventaja a los trabajadores, aun cuando presentan pruebas en su defensa. Señaló que este panorama se ha vuelto “insoportable” y ha generado afectaciones en la salud física y emocional del personal. Por esta razón, sostuvo, muchos empleados han presentado renuncias que no son voluntarias, sino producto del maltrato, el acoso laboral y una creciente campaña de hostilidad de parte de algunos pacientes.
La representante del MDCT lamentó que se haya olvidado el reconocimiento que se le dio al personal de salud durante la pandemia, cuando eran considerados héroes, y ahora son tratados como “los villanos de la película”.
El MDCT ha denunciado al ministro de Trabajo ante la OIT por el incumplimiento de los convenios internacionales que esta cartera de Estado debería garantizar.
Navarrete cuestionó que, pese a haber presentado notas y solicitudes formales durante todo el año, no han recibido respuestas por parte del ministro, ni por escrito ni de manera oficial. Aseguró que incluso han entregado documentación directamente en el despacho del ministro, pero no han obtenido ninguna notificación sobre acciones tomadas. En su opinión, existe una tendencia del Ministerio de Trabajo a actuar solo en casos de interés particular y no de manera imparcial.
Los sindicalistas detallaron que también se aplica un mecanismo de censura contra el personal que denuncie la escasez de medicamentos o insumos médicos.
Este mismo método también estaría utilizándose en otras dependencias del Estado, como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), donde trabajadores con afiliación sindical son incluidos en listados enviados a CAPRES, lo que posteriormente deriva en despidos o renuncias forzadas.
SITRASALUD afirmó que han recurrido a las instancias correspondientes, pero que las resoluciones emitidas han sido desfavorables para el personal afectado. La organización también denunció el entorpecimiento en la entrega de credenciales a sindicatos considerados “incómodos”, y atribuyen la responsabilidad al ministro de Trabajo. Según el MDCT, estas acciones buscan la inhabilitación sistemática de sindicatos en distintas dependencias del Estado.
A la fecha, SITRASALUD contabiliza más de 6,000 despidos en el sector salud, situación que ha provocado una sobrecarga laboral que afecta directamente en la calidad y eficiencia de la atención brindada a la población, enfatizó Navarrete.
Por su parte, Sonia Viñerta, secretaria general de USTTISDEMU, coincide en que durante 2025 se han ejecutado despidos masivos de manera ilegal y arbitraria, lo que violenta las leyes laborales de El Salvador.
La sindicalista también explicó que el Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado en diciembre de 2024, suprimió 11,200 plazas sin cumplir el debido proceso establecido por la ley.
«Once mil doscientas personas fueron lanzadas al desempleo; y la ola de despidos no ha cesado. A ello se suma el incremento en las renuncias de personal médico, de enfermería y administrativo debido al maltrato laboral, lo que ha generado un deterioro en la calidad de los servicios de salud por la falta de personal, medicamentos e insumos médicos», enfatizó Viñerta.
Las organizaciones sindicales que conforman el MDCT también expresaron preocupación ante los posibles intentos de privatización que, a su juicio, se estarían configurando a partir de despidos ilegales, traslados arbitrarios y sanciones en distintos establecimientos de salud. Como ejemplo, señalaron la situación que enfrentan alrededor de 1,800 empleados del Hospital Rosales.
Ante el panorama que afronta el personal de salud sindicalizado, el MDCT demandó al gobierno la contratación de más personal para superar la sobrecarga laboral en los centros de atención. También exigieron que estas contrataciones se realicen conforme a la Ley de Salarios y garanticen derechos como la jornada de ocho horas, pago de horas extra, vacaciones, seguro social y AFP, entre otros. Esto, en contraste con la creciente tendencia a contratar bajo la modalidad de “servicios profesionales”, la cual, según SITRASALUD, precariza el empleo al negar derechos básicos como la incapacidad por enfermedad o la posibilidad de cotizar para un retiro digno.
El MDCT también señaló a la Comisión del Servicio Civil por no actuar conforme a la ley y, según denunciaron, por ser cómplice de las ilegalidades cometidas por diversas autoridades.
Viñerta advirtió que los funcionarios de la comisión deberán rendir cuentas por las ilegalidades que se cometen contra sus propias compañeras y compañeros.
Por su parte, el MDCT exige al ministro Rolando Castro la entrega inmediata de las credenciales para SITRASALUD y CNTS, sin demoras, y solicita la realización de inspecciones urgentes en los centros de trabajo donde, según señalan, autoridades del MINSAL estarían vulnerando el derecho a la libre sindicación y al fuero sindical. Entre los establecimientos mencionados se encuentran las unidades de salud Zacamil, Barrios y Ahuachapán, así como la Región de Salud Centro y San Miguel.
«Pedimos iniciar procesos contra los funcionarios que han ordenado suspensiones y procesos de despido de forma ilegal contra sindicalistas y personal de salud», expresó Navarrete.
El MDCT afirmó que agotará todos los recursos legales necesarios para que se atiendan sus exigencias, incluso acudiendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo, argumentaron, es que se verifique el proceso “amañado” mediante el cual se conformó el Consejo Superior del Trabajo, que no está cumpliendo con su rol fundamental de velar por el respeto a la libertad de organización, la libre sindicación y el fuero sindical. Asimismo, instaron al ministro de Trabajo, Rolando Castro, a actuar en apego a los convenios 87 y 98, ratificados por el Estado salvadoreño.
