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Marcha a lo largo de la Avenida "9 de julio", en Buenos Aires, durante el paro general de 24 horas promovido por varios sindicatos. [Foto Diario Co Latino/Eitan Abramovich/AFP]

Sindicatos paralizan a Argentina en contra de ajuste y del FMI

Buenos Aires,/ AFP

Los sindicatos de Argentina paralizaron el lunes al país en una huelga de 24 horas, en una demostración de fuerza ante el gobierno del presidente Mauricio Macri y en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sin servicio de trenes, metro, autobuses ni vuelos, los organizadores se felicitan por una masiva adhesión al paro que dejó a la capital de Argentina semidesierta, con la mayoría de los locales comerciales cerrados y prácticamente sin tránsito.

“La huelga tuvo un altísimo nivel de acatamiento en todo el país”, declaró en rueda de prensa Juan Carlos Schmid, dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

A medida que avanzó la jornada se fue vaciando el centro de Buenos Aires de automóviles, el único medio de locomoción por ausencia absoluta de transporte público. No funcionaron los bancos ni abrieron las escuelas.

“Los paros no contribuyen a nada, no suman, yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades”, dijo Macri.

Aunque la convocatoria se limitó a un paro de actividades, sin manifestaciones, sectores más radicales realizaron cortes en los accesos a la capital argentina y unos cientos se concentraron al mediodía en el Obelisco.

“No es suficiente un paro general. Es necesario un plan de lucha, una verdadera disposición de lucha para derrotar este plan de guerra contra los trabajadores”, dijo a la AFP Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero (trostkista) en uno de los bloqueos.

Hugo Moyano, líder de los camioneros y uno de los impulsores de la protesta, sostuvo que “a este gobierno le es muy difícil traer soluciones. Son un instrumento del poder porque se han entregado al FMI”.

Según el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, la huelga tendrá un costo de casi 29 mil millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares).

“Si querés que tus derechos no sean avasallados, tenés que pelear”, reaccionó Claudio Barteloot, un chofer de autobús, en declaraciones a la AFP.

Diálogo vinculante

Con un malestar creciente por la situación económica, que empujó al gobierno a hacer un acuerdo con el FMI, ésta se presentó como la ocasión para que todos los sectores sindicales, a menudo enfrentados, se muestren unidos.

Como propuesta concreta, los sindicatos plantean que se reabra la negociación de ajustes salariales de este año, para que se alineen a la proyección de inflación, calculada ahora por el Banco Central en 27%.

La mayoría de las negociaciones tuvieron como referencia la meta de inflación anual de 15%, que el gobierno debió abandonar porque el acumulado entre enero y mayo fue de 11,2%.

“Si (el gobierno) no convoca a un diálogo social vinculante para discutir cómo salir de esta crisis va a seguir habiendo conflictividad”, advirtió Pablo Michetti, de la Central de Trabajadores Argentinos.

“Coyuntura difícil”

“El gobierno está en una coyuntura muy difícil, se encuentra en su pico más bajo y enfrenta un fuerte cuestionamiento de parte del sector asalariado”, explicó a la AFP el politólogo Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires.

La desocupación se ubicó en 9,1% en el primer trimestre de este año, frente al 7,2% del último trimestre de 2017.

Para enfrentar una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril y que ha implicado una depreciación de la moneda de casi 35% en lo que va de año, el FMI otorgó aArgentina un crédito stand by por 50.000 millones de dólares, el mayor que haya concedido ese organismo.

El crédito tiene una vigencia de tres años y a cambio Argentina se compromete a llevar a cero en 2020 su déficit fiscal, que el año pasado cerró en 3,9% del PIB.

Para ello, se debe frenar la obra pública, reducir el tamaño del Estado y limitar las transferencias que se hacen a las provincias.

Como previsión, se incluyó una cláusula que permite al Estado elevar el gasto en planes sociales en caso de que aumente la pobreza, que en 2017 fue de 25%.

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