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Redacción Nacionales
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El Colectivo de Sindicalistas en El Exilio pidió a la comunidad internacional mantener a El Salvador en la Lista Corta de casos graves examinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que en el país persisten violaciones sistemáticas a la libertad sindical, despidos antisindicales, criminalización de dirigentes y restricciones al derecho de organización.
La petición surge en medio de los esfuerzos impulsados por el gobierno salvadoreño y sectores afines para lograr que el país salga del mecanismo de supervisión especial de la OIT durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo.
En un amplio comunicado difundido desde el exilio, el colectivo cuestionó las declaraciones recientes del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y de organizaciones sindicales cercanas al oficialismo, quienes han promovido internacionalmente la idea de que en El Salvador existen condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad sindical.
Los sindicalistas sostienen que esa narrativa contradice las observaciones emitidas por distintos órganos de control de la OIT y por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
“La permanencia de El Salvador en la Lista Corta no responde a criterios ideológicos ni a disputas políticas coyunturales. Responde a hechos graves, persistentes y sistemáticos”, señala el documento.
Observaciones de la OIT
El pronunciamiento cita el 412.º Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT, emitido en noviembre de 2025, en el que el organismo calificó la situación salvadoreña como un asunto “grave y urgente”. Según el informe, las condiciones actuales afectan “la libertad de acción de un movimiento sindical en su conjunto”.
El Comité destacó particularmente los casos 3395 y 3472, relacionados con denuncias de persecución antisindical, despidos masivos y debilitamiento de organizaciones independientes.
Entre las organizaciones denunciantes figuran la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FSTS) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (FESITRAMES).
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) también expresó preocupación en su informe de 2026 por la detención de sindicalistas, el exilio forzado de dirigentes y el clima de temor generado bajo el régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.
De acuerdo con el informe citado por el colectivo, organizaciones sindicales denunciaron que más de treinta dirigentes sindicales y sociales se encuentran detenidos, han sido liberados recientemente o se han visto obligados a abandonar el país.
La CEACR instó además al Estado salvadoreño a adoptar medidas para liberar a personas detenidas por actividades sindicales y retirar los cargos judiciales en su contra.
Casos emblemáticos
El comunicado menciona varios casos que considera representativos de la situación actual del sindicalismo salvadoreño.
Entre ellos figura Dolores Almendares, dirigente sindical detenida durante siete meses y cuyo proceso judicial continúa abierto. También se menciona a Sabino Ramos, quien enfrentó judicialización y permaneció privado de libertad por cuatro años.
Asimismo, el colectivo denunció la situación de los sindicalistas Oscar René Martínez Iglesias, Misael Gómez, César Hernández y Giovanny Aguirre, quienes —según el pronunciamiento— permanecen detenidos sin debido proceso y bajo acusaciones vinculadas al régimen de excepción.
El documento también recuerda los casos de dirigentes sindicales fallecidos bajo custodia estatal, entre ellos Hever Chacón y Leónidas Bonilla, cuyas muertes continúan siendo denunciadas por organizaciones sindicales y de derechos humanos.
A ello se suman las observaciones de la OIT sobre investigaciones inconclusas relacionadas con asesinatos de líderes sindicales como Weder Meléndez y Abel Vega.
Despidos y debilitamiento sindical
Los sindicalistas en el exilio aseguran que durante los últimos años se han registrado más de 47,000 despidos en el sector público, muchos de ellos de trabajadores afiliados a sindicatos.
También afirman que más de 500 dirigentes y representantes sindicales han sido removidos o despedidos y que alrededor de 60 sindicatos han sido debilitados, intervenidos o desarticulados por acciones directas o indirectas del gobierno.
Estas cifras, según el colectivo, provienen de registros elaborados por organizaciones como la CNTS, UNT, MDCT, MTD, el Bloque Sindical y Social del BRP, CONADESA y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.
El pronunciamiento agrega que continúan las denuncias por retraso en la entrega de credenciales sindicales, obstáculos administrativos para registrar sindicatos, campañas de estigmatización y vigilancia contra dirigentes laborales.
Debate internacional
La Lista Corta de la OIT reúne cada año los casos considerados más graves en materia de incumplimiento de convenios laborales internacionales.
Para el Colectivo de Sindicalistas en El Exilio, retirar a El Salvador de este mecanismo sin cambios estructurales significaría enviar “un mensaje extremadamente peligroso” a la comunidad internacional.
“Sería validar que es posible perseguir sindicalistas, debilitar organizaciones independientes y gobernar bajo un régimen excepcional permanente y aun así obtener legitimidad internacional en materia laboral”, sostiene el comunicado.
El colectivo considera además que el caso salvadoreño forma parte de una tendencia regional marcada por el debilitamiento de derechos democráticos y la criminalización de la protesta social.
Llamado internacional
Finalmente, la organización hizo un llamado a la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Federación Sindical Mundial (FSM), organizaciones de derechos humanos y delegaciones sindicales presentes en la Conferencia Internacional del Trabajo para que mantengan una posición activa a favor de la permanencia de El Salvador en la Lista Corta.
También pidió fortalecer el seguimiento internacional sobre la situación laboral en el país, promover mecanismos de observación independiente y brindar protección a sindicalistas perseguidos, judicializados o exiliados.
“Mientras existan sindicalistas perseguidos, detenidos, despedidos, exiliados o intimidados por ejercer su derecho a organizarse y defender a la clase trabajadora, El Salvador debe permanecer bajo el escrutinio internacional de la OIT”, concluye el comunicado.
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