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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Como ReverdES queremos hacer la vinculación de la Justicia Social con un concepto más amplio que relacione los ámbitos: económico, social, ecológico y climático”, dijo Daniel Nieto, activista de ReverdES, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”.
Cada 20 de febrero, el Sistema de Naciones Unidas conmemora a nivel mundial el Día de la Justicia Social, con el objetivo de promocionar entre los Estados miembro de la ONU, a generar “igualdad de oportunidades y fortalecer los derechos humanos más allá, del concepto tradicional de la justicia legal para edificar una sociedad en paz.
Daniel Nieto señaló que era preciso -estar claros- que históricamente y en la actualidad el país aún presenta graves violaciones a los derechos humanos y graves injusticias sociales en diversos ámbitos de la vida nacional.
“Queremos exigir al Estado y especialmente al gobierno central, una promoción y garantía de los derechos humanos en todos los ámbitos. Porque sin justicia ambiental y ecológica, no podrá existir una justicia social completa”, consideró.
“Como ReverdES enfatizamos la importancia de la naturaleza y su relación con el ser humano, que se convierte en pilar fundamental para el desarrollo y la vida digna de todas las personas”, sostuvo Nieto.
En cuanto a la concepción de la Justicia Social de la ONU, Nieto, agregó, que esto involucra principios de dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la garantía que se validan los derechos humanos de la población. Sin estos, consideró, las mayorías de grupos poblacionales no podrían aspirar a una digna y un desarrollo integral, ya sea individual o colectivo.
“La justicia social involucra la justicia climática, ambiental y ecológica para generar una plena condición del ser humano. Porque en la actualidad en el país las múltiples injusticias sociales que ha vivido la población se han marcado en el despojo y la expropiación de recursos naturales”, añadió.
“Casos graves como El Valle El Ángel que estaría deteriorando 1,300 hectáreas; el proyecto turístico Cancun en El Salvador que afectaría con desalojos de población la isla Tasajera Y un complejo de lujo en la Cordillera del Bálsamo, son graves injusticias, -sabemos- es la lógica del mercado y el Estado que actúa a favor de los grupos poderosos económicos en contraposición de los derechos de las poblaciones más vulnerables”, señaló Nieto.
Uno de los proyectos extractivistas de recursos naturales, señaló, Andrea Arias, es el caso de Valle El Ángel, en los municipios de Nejapa y Apopa, al que señalan junto a otros 7 proyectos urbanísticos como la Residencial Villa Foresta de Salazar Romero (795 viviendas en Nejapa), el proyecto Dueñas y el paso a desnivel en el redondel Integración (Apopa), de la que denuncian traería un deterioro irreversible a más de 1 mil 600 hectáreas de territorio con vocación de recarga acuífera.
“El proyecto del Aeropuerto del Pacífico en el departamento de La Unión, en donde destruirán zonas protegidas de un manglar y la expulsión de más de 100 familias que han vivido por décadas allí”, dijo.
“Y el caso de Nuevo Cuscatlán, la alcaldía y el Ministerio de Medio Ambiente han declarado urbanizables terrenos de la Cordillera del Bálsamo que son considerados suelos de recarga hídrica y con alto riesgo de deslizamientos para facilitar la construcción de la Ciudad más lujosa del país nombrada Kalamanda”, afirmó Arias.
ReverdES, expresó Adriana Ramírez, rechaza enfáticamente las acciones del gobierno central que lejos de brindar inversión pública y social para fortalecer a grupos vulnerables o rescatar la agricultura, promueven una entrega de permisos ambientales a urbanistas, agroindustria y turismo con el fin de mercantilizar los bienes naturales del Estado.
“La justicia social -esto va más allá- de la justicia jurídica, lo que proponemos como ReverdES, no es solo tener acceso a procesos judiciales, porque la justicia social es mucho más amplia que garanticen otros ámbitos porque no hablamos en abstracto, sino de personas que han sido relegadas históricamente y no tienen condiciones dignas para vivir”, manifestó.
“Mientras se construye Kalamanda, viviendas a las que solo van a tener acceso personas extranjeras oligarcas y empresarios del país, la gente seguirá sin vivienda, sin poder tomar agua potable. La gente sigue siendo despojada de sus recursos naturales para -un grupo pequeño- que pueda tener estas condiciones de vida que no corresponden a la lógica de vida del país, sino del Norte global que nos han sido impuesta”, reiteró Ramírez.
Igualmente, Judith Barrera, aclaró que como ReverdES “no les extrañan” esas acciones mediáticas del gobierno central, y comenta que esta ha sido la práctica para abordar los problemas o crisis en las que está inmerso el país.
“El año pasado diferentes organizaciones que abordan la Soberanía Alimentaria o la Canasta Básica, los derechos de los campesinos y la producción de granos básicos -se mantuvieron- denunciando que se preveía cosechas bajas y hambre para este año y que debían actuar y tomar medidas. ¿Qué dijo el MAG?, siguieron abandonando al agro”, refirió.
“El gobierno solo creó programas como la entrega de insumos o de semillas que realmente no favorecían al sector porque no funcionaban. Se requería de acciones concretas en ese período. Y ahora, tenemos un alza en la Canasta Básica, baja atención a los productores en pequeño y el cambio de 4 ministros y 5 viceministros, con unos agromercados que no ayudan a toda la población porque son focalizados ”, reseñó Barrera.
