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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, sostuvo en una entrevista este miércoles en el programa TV One World TV, que dirige el periodista Guido Flores, que la persecución en su contra es una factura que la derecha pretende cobrarle.
El ex parlamentario explicó que las acusaciones de desvío de recursos públicos y de enriquecimiento ilícito cuando fungió como presidente del Órgano Legislativo son un caso de judicialización de la política.
Según Reyes, en mayo de 2019, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un dictamen que determinaba la inexistencia de irregularidades en su declaración patrimonial.
Afirmó que un grupo de magistrados de la CSJ analizó su caso de forma diferente y no objetiva, puesto que a al menos 18 funcionarios antes se les había exonerado de toda presunción de enriquecimiento ilícito, entre estos, figuraban diputados de derecha, ex magistrados afines a la derecha y el actual presidente Nayib Bukele, en calidad de ex alcalde de Nuevo Cuscatlán.
Según reveló, a Bukele la Sección de Probidad le certificó una evasión de impuestos por valor de $300,000, la Corte remitió el expediente a la Fiscalía General de la República, la cual lo archivó.
“Cuando llegó el caso de Sigfrido Reyes, entonces dicen los magistrados más conservadores que había que verlo con otra óptica, porque no iban a aplicar los criterios y parámetros que habían utilizado para exonerar a los anteriores funcionarios”, manifestó el ex diputado.
Durante semanas existió, lo que llamó, un “forcejeo” entre magistrados que optaban por exonerarlo de sospechas o enviarlo a un juicio civil por las supuestas irregularidades. “Tergiversaron el informe de la Sección de Probidad para que donde dice no hay indicios (de enriquecimiento ilícito), diga hay indicios; manipulan el informe para llegar a una conclusión contraria a la que había llegado la investigación hecha por auditores, contadores, especialistas financieros”, comentó.
Sigfrido Reyes dijo que a través de sus abogados presentó, a principios de este año, un recurso de amparo a la Sala de lo Constitucional en el se que expone cómo los criterios de evaluación del informe de Probidad se aplicaron de forma distinta en su caso en comparación a otros exfuncionarios.
El ex presidente calificó como ridícula y absurda la acusación fiscal por la apropiación de recursos públicos cuando ejerció como presidente de la Asamblea Legislativa, puesto que todas las decisiones financieras pasan por la aprobación de la junta directiva del parlamento con representación de distintos partidos políticos en ella.
“¿Por qué contra mí?, porque hay una orden, hay una decisión política, una intención de liquidarme civil, legal, política y moralmente frente a la sociedad salvadoreña”, reflexionó.
Reprochó la actitud selectiva del fiscal general Raúl Melara para actuar, de quien dijo que pareciera estar recibiendo órdenes directas de un grupo político y de mantener un pacto bajo la mesa con el presidente Nayib Bukele.
