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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“La justicia en el caso de los asesinatos de Elba, Celina y los jesuitas es un paso importante para desterrar la impunidad y asentar más decididamente el respeto a la dignidad humana de todos los salvadoreños, especialmente de las víctimas de cualquier tipo de abuso”, sostiene la Compañía de Jesús y la UCA en su más reciente pronunciamiento, sobre la decisión de la Sala de lo Penal de cerrar el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho registrado el 16 de noviembre de 1989.
La UCA sostiene que la sentencia de la Sala de lo Penal ofende gravemente al Estado de derecho y que pone en peligro todos los esfuerzos realizados en favor de una ley de justicia transicional que honre a las víctimas del conflicto armado. Ante esto, la Compañía de Jesús y la UCA anunciaron que tomarán las acciones jurídicas oportunas y necesarias en favor de la justicia, la paz social y la reconciliación en torno al derecho a la verdad.
La resolución de la Sala de lo Penal dejó sin efecto lo decidido por el juez Tercero de Paz de San Salvador, quién ordenó anular la sentencia del caso de sobreseimiento definitivo y reabrir el proceso penal. El juez declaró “nulidad absoluta”, ante la resolución del año 2000 en la que se dictaba sobreseimiento definitivo a favor de expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, así como a los miembros del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador: René Emilio Ponce (fallecido), Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios. La UCA sostiene que esta decisión “No discute ni analiza las razones expuestas en las resoluciones previas del Juzgado Tercero de Paz y de la Cámara Tercera de lo Penal en favor de anular el sobreseimiento por prescripción. Ignora absolutamente la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que declara que la prescripción no puede aplicarse en los crímenes de guerra o de lesa humanidad ni en los casos mencionados por la Comisión de la Verdad”.
Por lo cual, piden que la Asamblea Legislativa reforme adecuadamente la Ley de Justicia Transicional para que cumpla con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por lo que sea legalmente imposible acudir al principio de prescripción en los casos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y que la Sala de lo Constitucional actué de oficio contra la Sala de lo Penal sobre su decisión en el caso Jesuitas.
