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Redacción Nacionales
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Acción Ciudadana dio a conocer el informe “Monitoreo sobre probidad en la función pública, período junio-diciembre 2021”, el cual reveló que 1,632 funcionarios del Órgano Ejecutivo y autónomas de la actual administración, están pendientes de presentar la declaración jurada de patrimonio a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con la información proporcionada por la Sección de Probidad de la CSJ, existen también casos de funcionarios o empleados públicos que integraron el Órgano Ejecutivo, instituciones autónomas, Presidencia de la República y secretarías de la Presidencia, que en el quinquenio 2019-2024 no presentaron sus declaraciones de patrimonio al inicio de su gestión, y compitieron por un cargo de elección popular.
Según los datos entregados, hasta diciembre de 2021 existían un total de 9 funcionarios públicos que son militantes de los partidos CD, GANA, PCN y NUEVAS IDEAS, quienes no declararon el patrimonio al inicio de su gestión a la CSJ, de estos seis tampoco presentaron su declaración de cese de funciones, lo que imposibilita analizar todavía más si existió un incremento o no del patrimonio durante su mandato, debido a la falta de ambas declaraciones. Estos funcionarios son Jorge Alberto Castro Valle, de Nuevas Ideas; José Oscar Arce Granados, PCN; Linhus Edhir Chamagua Linares, CD; Manuel Rigoberto Soto Lazo, GANA; René Armando García Ortiz, Nuevas Ideas; Suecy Beverley Callejas Estrada, Nuevas Ideas. Sobre su financiamiento, los funcionarios públicos anteriores no rindieron cuentas a la ciudadanía de sus ingresos y gastos durante la campaña electoral, ni participaron de la iniciativa de rendición de cuentas de Acción Ciudadana-FUNDE. Pese a lo anterior, el monitoreo de propaganda electoral 2021 de Acción Ciudadana señaló que el valor de la publicidad firmada por la candidata Suecy Beverley Callejas Estrada, ascendió a $42,400.
Asimismo, en el informe se advierten dificultades en el cumplimiento de las funciones de la Sección de Probidad, por ejemplo, se han reportado a diciembre de 2021 un total de 517 expedientes activos en los que se sospecha enriquecimiento ilícito, de los cuales el 61.5% ya ha cumplido el plazo de 10 años desde el cese de funciones del servidor público, por lo que se entiende que la acción civil ha prescrito en tales casos.
Para Acción Ciudadana, es importante el cumplimiento de esta obligación por parte de funcionarios y empleados públicos de rendir declaraciones juradas de patrimonio, como medida de prevención y combate a la corrupción, pues en el informe se observa un incremento en los servidores públicos que no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tarda aproximadamente 5 años desde el cese de funciones del servidor público, en iniciar un expediente por sospecha de enriquecimiento ilícito. En comparación con otros entes de la región, El Salvador presenta altos niveles de incumplimiento en la presentación de declaraciones de patrimonio y bajos niveles en cuanto a procedimientos sancionadores y multas impuestas.
