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La legislación propuesta por los senadores aplicaría sanciones a funcionarios salvadoreños y otras personas que hayan participado en violaciones internacionales de derechos humanos o hayan trabajado para privar a personas que residen en Estados Unidos de sus derechos bajo la Constitución de Estados Unidos.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Tres senadores de Estados Unidos presentaron una iniciativa para que el congreso de ese país imponga sanciones contra funcionarios del Gobierno salvadoreño, incluyendo al presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa por “ser cómplices de un plan ilegal” para enviar personas a El Salvador en violación a sus derechos constitucionales.
Los mocionantes fueron los senadores demócratas, Chris Van Hollen, Tim Kaine y Alex Padilla, de Maryland, Virginia y California, respectivamente. La normativa fue propuesta este jueves. Esta legislación “es una continuación de los esfuerzos para responsabilizar a El Salvador por sus abusos a los derechos humanos y su colusión con la Administración Trump para encarcelar a personas de los Estados Unidos sin el debido proceso”, dijo Chris Van Hollen, en un comunicado compartido en su cuenta de X.
La legislación propuesta por los senadores aplicaría sanciones a funcionarios salvadoreños y otras personas que hayan participado en violaciones internacionales de derechos humanos o hayan trabajado para privar a personas que residen en Estados Unidos de sus derechos bajo la Constitución de Estados Unidos.
La legislación sancionaría al presidente y vicepresidente, así como a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia y Seguridad Pública (ministro y viceministro), Economía, Hacienda, Turismo, Fiscal General y el presidente del Banco Central de Reserva.
“Además de sus acciones junto a la Administración Trump para encarcelar a personas de Estados Unidos, Bukele y su gobierno han seguido encarcelando y persiguiendo a ciudadanos salvadoreños inocentes, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos como Ruth López”, dijo el congresista Van Hollen en el comunicado.
Chris Van Hollen estuvo recientemente en El Salvador para reunirse con Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado y recluido en el CECOT pese a tener estatus de protección especial.
A pesar de que la Casa Blanca reconoció de Kilmar Abrego había sido deportado “por error”, el presidente Nayib Bukele asegura que se trataba de “un terrorista”, y que no lo pondría en libertad ni lo mandaría nuevamente a Estados Unidos como ordenaba un juez.
Sin embargo, Kilmar fue enviado a Estados Unidos, hace más de una semana, donde enfrenta nuevas acusaciones hechas por la fiscalía de aquel país, de participar en la “migración interna”.
La legislación también sugiere sanciones contra “cualquier persona en El Salvador” que trabaje en nombre del Gobierno salvadoreño que sea líder, oficial o miembros de cualquier entidad, institución, también incluiría a miembros de partidos políticos o dependencias del Gobierno.
También, sanciona si aceptaron dinero para privar a las personas residentes en los Estados Unidos de sus derechos bajo la Constitución de EUA.
La propuesta de los senadores incluye el bloqueo de propiedades, restricciones de VISA al declararlos inadmisibles de recibirlas, la revocatoria de la VISA, prohibición de realización de transacciones económicas.
A través de su cuenta de X, Van Hollen dijo que “Bukele y Trump son cómplices de un plan ilegal para utilizar dólares de los contribuyentes estadounidenses para enviar personas a El Salvador en violación de sus derechos constitucionales”.
«El presidente Bukele y el Gobierno de El Salvador están en connivencia con la Administración Trump, tomando dólares de los contribuyentes estadounidenses para encarcelar a personas como parte de un plan para violar sus derechos constitucionales”, añadió Hollen.
A juicio del senador, se debe responsabilizar a Bukele “y sus compinches” por esas acciones ilícitas, así como por las graves violaciones de los derechos humanos que están cometiendo en El Salvador. “Debemos enviar una señal clara de que estas injusticias son inaceptables y deben terminar», concluyó Van Hollen.
