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Saúl Méndez
Colaborador
Organizaciones campesinas, entre ellas la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), denunciaron el abandono sistemático que enfrenta el sector agropecuario salvadoreño y lo que consideran «malas políticas» del gobierno de Nayib Bukele. También advirtieron sobre el deterioro ambiental que agrava las condiciones de vida en las zonas rurales.
La CONFRAS señaló que el gobierno carece de políticas sectoriales y programas de desarrollo para el agro. Además, las organizaciones denunciaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) atraviesa una «inestabilidad institucional», provocada por los constantes cambios de ministro.
Entre las políticas que, según los productores, han afectado al sector agropecuario, destaca el cambio en la modalidad de entrega de los paquetes agrícolas. Ahora, en lugar de recibir insumos en especie, los agricultores obtienen una tarjeta con 75 dólares para realizar compras en agroservicios, muchos de ellos abastecidos por transnacionales como Monsanto y Bayer. Los campesinos aseguran que esta medida perjudica su economía, ya que antes también recibían fertilizantes; ahora, deben invertir dinero adicional para cubrir sus necesidades productivas.
Además del cambio en la entrega de los paquetes agrícolas, el gobierno también cerró el programa de producción de semilla certificada de maíz H59 y de frijol, cultivada por cooperativas para abastecer el programa de paquetes agrícolas. Según las organizaciones campesinas, este patrimonio de semillas fue privatizado durante la gestión de Nayib Bukele, al ser concesionado a una empresa mexicana.
El encarecimiento de los insumos agropecuarios ha provocado una reducción en las áreas de siembra de granos básicos. En el caso del maíz, la superficie cultivada ha disminuido en 10,157 manzanas en el período 2019-2023, y de frijol es de 11,422 manzanas menos en el mismo periodo, según reportaron las organizaciones.
CONFRAS también se mostró preocupada por el crecimiento del valor de las importaciones del 37%. En el 2019 las importaciones agropecuarias eran de 591 millones de dólares, en el 2023 ascendieron a 811 millones. «Este desequilibrio está quebrando a la producción nacional agropecuaria y enriqueciendo a los grandes importadores», dijo la organización.
Como resultado de todo lo anterior, entre 2020 y marzo de 2025, el costo de la canasta básica para el consumidor se ha incrementado en 22.7% en el área urbana y 22.5% en el área rural.
Esta situación ha llevado a CONFRAS y a otras organizaciones a convocar movilizaciones para el 1 de mayo. Entre las agrupaciones que participarán se encuentran la Asociación Nacional de Trabajadores (ANTA), la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas del Bajo Lempa (ACUDESBAL), Vía Campesina (VC) y el Movimiento por la Defensa de la Tierra (MDT), así como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).
Desalojos y amenaza de la minería
Desde el 2023 se ha agudizado la inseguridad jurídica sobre la tenencia y propiedad de las tierras en manos de campesinos. Muchos asentamientos campesinos (cooperativas y comunidades) han sido desalojados o están amenazados de desalojo por proyectos de infraestructuras del gobierno o por grandes inversionistas privados.
Además, en noviembre del año pasado el gobierno decretó la disolución del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) imponiendo complicados requisitos contables a las cooperativas agropecuarios para extenderles su credencial, de lo contrario las declararían «inactivas».
También, en el país, se ha agudizado las vulnerabilidades ambientales y las consecuencias serán mayores por la aprobación de la ley de explotación minera, advirtieron las organizaciones campesinas.
