Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Lo básico para nuestro sector es que haya un programa que tenga dinero para inversión de la pequeña agricultura campesina que este año ha sido abandonada por este Gobierno -prueba de ello- el abandono del programa de Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural”, manifestó Oscar Recinos, coordinador de la Vía Campesina El Salvador.
La Coordinadora de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina El Salvador presentaron su evaluación del 2021, tras considera que de no retomar medidas urgentes y de largo plazo esto agravará la crisis del sector agropecuario.
Asimismo, se refirieron al tema de “comercialización”. Recinos indicó que ha sido ignorada pese a las diversas propuestas que han venido presentando a lo largo de los años como sector productivo a menor escala.
“Pedimos una figura semejante al Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), que permitía al Estado contar con una reserva estratégica de carácter nacional para la población y así evitar la especulación de precios que se vienen dando y que generalmente afecta a la familia urbana, porque los precios se encarecen”, reafirmó.
“En el marco de la pandemia (COVID-19) se priorizaron compras afuera y miles de dólares se fueron de este país, en lugar de potenciar la producción nacional, porque prefieren importar alimentos. Y siempre se ha dicho, que si un país quiere salir adelante la inversión local es importante y estratégica”, apuntó Recinos.
Sobre el crecimiento de la economía, que supuestamente será del 10.3% de acuerdo con el Gobierno para el presente año, los representantes de Vía Campesina afirmaron que ese informe ha omitido los desequilibrios económicos como el desempleo, es decir, la pérdida de 4 mil puestos de trabajo, el encarecimiento de los insumos y el aumento en la competencia de los productos importados, que alcanzó el 16% ante la producción nacional.
“La alimentación de este país la garantizan los pequeños agricultores, personas que tienen 2 o 3 hectáreas hacia abajo y son quienes cultivan los frijoles, el arroz, el maíz y hortalizas, pero están abandonados. Quiero que sepan que la Asamblea Legislativa ofreció 600 millones de dólares para la soberanía alimentaria, pero no han dado ni cinco a este día, se han quedado solo en propaganda y así los cafetaleros”, reafirmó.
“Esto indica que no hay una apuesta al sector agropecuario que es el dinamizador de la economía rural. Lo que demandamos es una mirada hacia el campo por el Gobierno, ahora son mayoría y pueden dedicar su atención para cada sector. Porque el país está en un rumbo difícil por el endeudamiento de préstamos que no tiene relación con la productividad”, sostuvo Recinos.
Vía Campesina y CLOC se refirieron también a la Ley Bitcoin, que ha traído más “incertidumbre” que solvencia económica a la población, y criticaro los 90 millones de dólares para comprar ese activo digital que no “cumple funciones del dinero” en relación a la fijación de precio. El gobierno sigue dilapidando fondos públicos para la compra de esta moneda virtual, sostuvieron.
“Otro problema de la economía es el enorme crecimiento de las importaciones (49%), que duplican las exportaciones y han generado una salida de dólares al exterior tan grande que pone en peligro la estabilidad financiera, indicó en su intervención Magdalena López de Vía Campesina.
En cuanto a la afectación que impacta al sector agropecuario, enumeró López el alto precio de insumos agrícolas que le quita “rentabilidad para la producción de arroz, maíz y frijoles. Y prevén para la cosecha 2020-2021, una caída del 8% en la producción de granos básicos.
“Los ganaderos por su parte, enfrentan aumentos del 100% de los costos de materias primas, como la soya y el maíz. Y el 30% del sector ganadero que involucra a 18 mil ganaderos, vendieron sus vacas debido a la crisis que enfrentan y, sobre todo, por la excesiva importación de lácteos”, agregó López.
Guadalupe Esquivel, de la Alianza para la Defensa de las Mujeres Rurales, que integra la Vía Campesina, explicó que ante esta “situación de crisis agropecuaria” sugirió al Gobierno aplicar la Fase II de la Reforma Agraria y modificar el artículo 105 de la Constitución, para que el límite de tenencia de tierra baje de 245 a 100 hectáreas.
Aclarando que esta medida no incluyen las propiedades de las cooperativas y que el Gobierno con ese excedente de tierras las entregue a más de 200 mil campesinos y campesinas que no cuentan con tierras y se ven en la necesidad de alquilar parcelas para cultivos de subsistencia.
“Se debe dar marcha atrás a la Ley de Expropiaciones recién aprobada (Asamblea Legislativa) o solo aplicarla a los grandes terratenientes y entregar a mujeres y Pueblos Indígenas esa tierra expropiada. Y aprobar una ley que obligue a los bancos privados a otorgar al sector agropecuario un 15% del crédito total”, señaló.
“No exigir requisito de ser cotizantes del Sistema de Seguridad Social, no capitalizar intereses con tasas de interés no mayor del 4% y hasta 2% en el caso de créditos de mujeres, y contar con una capacitación técnica y administrativa para el manejo adecuado de aprovechamiento de créditos, así como la promoción de créditos solidarios a pescadoras, productoras y emprendedoras”, argumentó Esquivel.
Sobre las compras públicas, Esquivel reiteró que deben acudir primero al sector agropecuario y leche a los ganaderos para que abastezcan no solo a la población, sino también a instituciones oficiales como albergues, hospitales, Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.“Se deben aprobar la ley del Agua, la de Soberanía y Seguridad Alimentaria, crear un Banco Nacional de Semilla Criolla al servicio de la pequeña producción nacional y promover prácticas agrícolas que protejan los mantos acuíferos y fomentar la agroecología”, puntualizó Esquivel.
