Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Aproximadamente 100 policías irrumpieron la tranquilidad de la Comunidad San Francisco Angulo para garantizar el ingreso de la maquinaria pesada para el relleno sanitario. Por ello, la comunidad interpuso un aviso por el posible cometiendo de actos arbitrarios.
La comunidad y las organizaciones señalaron del posible Actos Arbitrarios, regulado en el artículo 320 del Código Penal; por lo que, piden al ministerio público que investigue las acciones de la PNC.
La Policial Nacional Civil, lejos de servir y proteger a la comunidad, amenazó con detener a los habitantes si se oponían al ingreso de la maquinaria. “La policía llegó con amenazas, con armas de alto calibre, a amedrentar e intimidar a la gente de la población, principalmente a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, que son niñez y personas de la tercera edad, que son personas en condiciones vulnerables”, expresó Fran Omar.
René Alfaro, habitante de la comunidad relató lo sucedido la tarde del lunes, donde un fuerte operativo policial llegó a su comunidad para acompañar el ingreso de maquinaria “que destruye nuestro territorio, zona, tierras y, por ende, destruirá nuestras vidas”.
«Ellos (los policías) iban con todo el poder para reprimir a la comunidad, que, si en algún momento se resistía, ellos ya iban preparados con armas y camiones para echar (sic) a todos los que se resistieran y arrestarlos». “No les importó que la comunidad estuviera luchando por sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano”.
Alfaro reiteró que la comunidad es pacífica y para evitar que habitantes fueran detenidos y afectar a sus familias directamente, permitieron que la maquinaria ingresara.
Las autoridades no respetaron lo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió en 2018, donde prohibía la construcción de un relleno sanitario en la zona. Sin embargo, la Asociación de Municipios de los Nonualcos, CYEEMSAL “se han empeñado en destruir el medio ambiente en la zona”, agregó Francisco Omar Rodríguez, dirigente del BRP.
María Inés Dávila, docente e investigadora de la UES, señaló que “es alarmante que el proyecto empresarial se imponga sin consultas ciudadanas legítimas, sin procesos de información pública adecuados y sin que se hayan presentado estudios de impacto ambiental actualizados y verificables”.
