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Redacción Nacionales
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La décimo sexta prórroga del régimen de excepción fue aprobada por el oficialismo y aliados en la plenaria de esta semana. Desde el 27 de marzo, El Salvador ha estado bajo régimen de excepción y con ello la suspensión de varios derechos fundamentales.
La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que capturar criminales es obligación de las autoridades, y lo pueden hacer sin régimen de excepción, pero “mantener detenido a alguien por meses o años sin probarle delito si es parte de lo que contempla. Por los inocentes detenidos voté en contra de renovar el régimen de excepción”.
En ese sentido, “queremos que El Salvador tenga seguridad ciudadana, pero, para ello, necesitamos justicia, la justicia es que los criminales paguen por sus delitos y que los inocentes puedan vivir tranquilos, eso no está sucediendo actualmente, el régimen de excepción se ha enfocado en mantener la suspensión de garantías constitucionales de los salvadoreños y afectar el sistema de justicia por una aparente tranquilidad que no sabemos hasta cuando puede llegar o en qué medida es sostenible”.
Bajo el régimen de excepción, según el gabinete de Seguridad, se ha capturado a más de 72 mil presuntos delincuentes, casi 3 mil armas incautadas, arriba de $3 millones en efectivo y más de 12 toneladas de droga, valorada en aproximadamente $300 millones. Entre los capturados están centenares de personas que nada tienen que ver con pandillas. Muchos inocentes han fallecido en los centros penales debido a negligencias del estado. Entre los fallecidos también fueron torturados por el mismo estado, según documentación de organizaciones de la sociedad civil.
“Los criminales que imperaban en El Salvador han sido uno de los fenómenos terroristas más complejos que el mundo ha conocido y, por ello, requieren de medidas extraordinarias y reformas innovadoras”, comentó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como argumento para prorrogar el régimen de excepción y las reformas que recientemente aprobó la Asamblea para procesar masivamente a los detenidos.
El diputado por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, dijo que “aún existen residuos de terroristas que han quedado en algunos lugares del país. Lo que estaba ocurriendo en el departamento de Cabañas era una situación anormal. Muchos terroristas habían huido a esa zona y pretendían hacer de las suyas”. Esto en referencia al cerco militar que el GOES impuso en Cabañas.
De momento no se sabe hasta cuando, el régimen de excepción será una respuesta ante las pandillas. Diversos sectores de sociedad civil han pedido al Gobierno que lo deje de imponer y por el contrario, ejercer políticas públicas en materia de seguridad que no violenten los derechos humanos.
