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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente citó este miércoles a representantes de la Dirección General de Centros Penales, Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco de una audiencia especial para conocer la evidencia de la filtración de órdenes de líderes de pandillas recluidos en el penal para el cometimiento de delitos.
El juzgado vicentino quería conocer las evidencias de la filtración de órdenes de líderes de pandillas recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, que habrían originado el repentino aumento de la violencia desde el pasado viernes 24 de abril, que llevó al presidente de la República, Nayib Bukele, a ordenar una emergencia en el sistema penitenciario donde se encuentran pandilleros, y luego un encierro total de los reclusos, y luego ordenó sellar las celdas con láminas de acero.
En la audiencia inicial estaba citado el titular de la cartera de Salud, Francisco Alabí, para que explicara los lineamientos de prevención girados ante un posible contagio masivo de COVID-19 en las cárceles del país.
Sin embargo, en representación de Alabí, acudió Wilfredo Alfaro, un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, quien reveló que a la fecha no existen medidas específicas dictadas para hacer frente a posibles contagios en las prisiones.
El jurista dijo que hasta la fecha no registran casos sospechosos o confirmados de contagio de COVID-19 en las cárceles, debido al estricto resguardo de la población reclusa.
En la audiencia, el juez señaló que las cárceles podrían ser un foco de infección masiva de la enfermedad, y podría colapsar el sistema de salud. El apoderado de Salud indicó que como medida única se brindó una serie de capacitaciones informativas sobre la enfermedad al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Reserva de la audiencia
El representante de la Fiscalía General de la República para la diligencia, evitó dar detalles sobre posibles indicios de fuga de órdenes de líderes de pandillas para el cometimiento de asesinatos que haya sido remitida del Ejecutivo a la FGR.
El subdirector de asuntos jurídicos de la Dirección General de Centros Penales y el director del penal de Zacatecoluca, antes de la exposición de lo demandado por el tribunal, solicitaron la reserva total de la audiencia, argumentando que lo vertido, al tratarse de información confidencial del servicio de inteligencia penitenciaria, puede poner en peligro la seguridad nacional y obstaculizar investigaciones.
El juez accedió a la petición para establecer reserva, considerando lo planteado por los funcionarios, por lo que pidió a los medios de comunicación presentes, abandonar la sala de audiencias.
