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Saldar la deuda histórica

@arpassv

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la semana pasada a la Fiscalía que investigue las desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas Armadas durante la guerra civil.

Los magistrados resolvieron favorable el recurso de hábeas corpus presentado por familiares de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas durante la campaña militar denominada “Operación Limpieza” (conocida también como “Guinda de Mayo”) por los extintos batallones Atlacatl y Belloso, cialis en Chalatenango, sick durante los meses de mayo y junio de 1982.

La Sala también ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional y al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada que proporcione toda la información relacionada con el referido operativo militar indicando los lugares, ambulance fechas y demás detalles necesarios para la investigación.

Dicha resolución de la Sala es un buen precedente en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas gubernamentales antes y durante el conflicto armado en los tenebrosos operativos de “tierra arrasada”: torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres de civiles inocentes.

El magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y masacres como las de El Mozote, El Sumpul, los sacerdotes jesuitas, etc., están totalmente impunes. La Fiscalía y el Sistema Judicial tienen como pretexto la Ley de Amnistía para mantener un manto de impunidad sobre esos horrendos crímenes.

A diferencia de otros países latinoamericanos como Chile y Argentina que han juzgado a criminales de guerra, El Salvador no ha logrado condenar a los autores intelectuales y materiales de estos delitos de lesa humanidad que son inamnistiables e imprescriptibles.

En casos como la masacre de los jesuitas de la UCA y sus colaboradoras se hicieron pantomimas de proceso judicial que dejaron libres de culpa a los procesados. Y después, cuando los autores intelectuales fueron requeridos por la Audiencia Nacional de España, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de extradición.

Recientemente el ex ministro de Defesa y ex director de la Guardia Nacional, Eugenio Vides Casanova, llegó deportado de Estados Unidos. Pero ningún policía, fiscal o juez estaba esperándolo para detenerlo.

Ojalá, pues, que la sentencia de la Sala Constitucional sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la “Guinda de Mayo” abra la posibilidad de investigar los demás casos de graves violaciones a los derechos humanos y así empezar a saldar esa deuda histórica.

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