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César Villalona, economista, en entrevista de Radio Maya Visión. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Sala golpea las finanzas del Estado

Mirna Jiménez
Diario Co Latino

El Estado podría dejar de percibir alrededor de 160 millones de dólares el próximo año en concepto de ingresos fiscales si magistrados de la Sala de lo Constitucional continúan declarando ilegales algunos impuestos que han sido aprobados en los últimos años.

Además de ello, magistrados de dicha sala devolvieron a grandes empresas la capacidad de implementar algunas prácticas de elusión fiscal que ya habían sido eliminadas, luego que anularon reformas al Código Tributario que las prohibía, denunció el economista César Villalona.

“Es un golpe fuerte a las finanzas. La decisión de la Sala es que no se cobre a partir de enero del próximo año, es decir, en este año va a terminar su recaudación, pero el gran problema va venir el otro año, porque en el presupuesto que se va presentar ahora en septiembre, donde llevan los estimados de ingresos, gastos e inversiones, ahí ya no se va a poder poner ingresos por 90 millones de este tributo”, dijo el economista en entrevista con Maya Visión.

La semana pasada, tres magistrados propietarios y una suplente declararon ilegal el impuesto a las transacciones bancarias, que establecía un cobro del 0.25% a cada operación arriba de los 10,000 dólares, llevada acabo en el sistema bancario.

“Tenía varias excepciones, por ejemplo, no incluía el movimiento de dinero a través del pago de las remesas, las pensiones, de salarios. Sí gravaba las operaciones que hace la gente que tiene más dinero y las grandes empresas. No era un impuesto para la gente pobre, para los sectores medios o incluso para gente que tiene buenos ingresos, sino más bien a gente que concentra el ingreso nacional”, explicó.

La Sala también dejó sin efecto recientemente una reforma a la Ley de Imprenta que aplicaba impuesto a las ganancias de los periódicos, mientras que la reforma tributaria que obligaba a las empresas a regirse por los precios de mercado para las ventas de productos también fue ilegalizada, denunció Villalona, lo que permitirá a los empresarios hacer maniobras para evitar impuestos como el de la seguridad, aseguró.

Villalona advierte que existe el riesgo que antes que dejen su cargo, en julio próximo, estos mismos magistrados declaren ilegal la contribución a la seguridad, luego que hace una semana aceptaran un recurso presentado en contra de este cobro aplicado a las telecomunicaciones.

Tanto en el impuesto a las transacciones bancarias como en la contribución a la seguridad, el argumento retomado por los magistrados para analizar si tiene inconstitucionalidad es el procedimiento para su aprobación. En ese sentido, los solicitantes han alegado que estos decretos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa sin su debida discusión y de madrugada.

Solo los ingresos del impuesto a las transacciones sumó en 2017 un total de $85 millones, mientras que para el presente año la proyección es de aproximadamente $90 millones, a mayo ya se habían recolectado $38 millones. Los ingresos estimados en el caso del impuesto a las ganancias de los periódicos era de entre $10 y $15 millones en 2014.

“90 millones de dólares es una buena cifra, no es cualquier cantidad de dinero para el Gobierno. El Ministerio de Trabajo tiene un presupuesto de $14 millones, Agricultura $60 millones y Economía $85 millones. Entonces, el impuesto a las transacciones es casi siete veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Esta recaudación supera lo que el Gobierno le asigna a todo el Ministerio de Economía, los paquetes escolares le cuestan 70 millones al Gobierno, es decir, que se va a perder un buen ingreso”, señaló para ilustrar el golpe a las finanzas públicas.

En cuanto al tributo a la seguridad, el estimado anual de ingresos para el Estado es de $50 millones, por lo que sumando los dos impuestos ya ilegalizados por los magistrados más una derogatoria del primero sumaría un estimado de $160 millones para el presupuesto del próximo año, ya que la prohibición comenzaría a partir de 2019.

Sobre los mecanismos de elusión que la Sala restituyó al ilegalizar la reforma al Código Tributario, Villalona puso como ejemplo el caso de un empresario que sea dueño de una droguería y una cadena de farmacias al mismo tiempo, el cual mediante la manipulación de precios ahora podrá maniobrar para aparentar más o menos ganancias de cada uno de estos negocios, según sus intereses.

“¿Qué es lo que hace para no pagar impuestos? Alteran el precio que va de la droguería a la farmacia, pero no el precio que va hacia la población. Si ellos quieren que la droguería aparezca con más ganancia entonces le suben el precio que va de la droguería a la farmacia y si quieren que la droguería aparezca con menos ganancia y la farmacia gane más, bajan el precio de la droguería a la farmacia”, explicó.

Ahondó el economista que los motivos para hacer estas maniobras obedece a que todas las empresas que ganan más de 150 mil dólares tienen que pagar por el excedente de esa cantidad el 30% de impuestos.

Además, si la empresa gana más de medio millón debe pagar el 5% para la seguridad, entonces, mediante la maniobra de arreglo artificial de precios, denunció Villalona, pueden bajar los ingresos a menos de $500 mil y eludir ese pago. “Entonces, ¿qué hace el dueño de la droguería y de la farmacia, si la droguería se gana $200 mil y la farmacia $100 mil? Pasa $50 mil de ganancia a la farmacia y ambos reportan 150 mil en ganancias y solo pagan el 25% de impuestos, eso se llama elusión, una trampa.

La dimensión de los costos fiscales derivados de los mecanismos para la elusión, aprobados por los magistrados, aún no están claros”, afirmó Villalona.

Adicional al veredicto que abre las puertas a la elusión, la Sala Constitucional ha prohibido al Ministerio de Hacienda la publicación de los nombres de las empresas y personas naturales que le adeudan impuestos al Estado, aseguró.

“Se ha publicado todos los años, dos veces y de ahora en adelante el Ministerio de Hacienda no va poder publicarla. Ya no se va poder enterar la gente de que Simán le debe dinero al Gobierno, de que Cristiani le debe dinero al Gobierno, que están morosos. Ahí aparecía Autofácil de los Poma con medio millón, Tigo con 10 millones, Almacenes Simán con $700,000(…)”, afirmó.

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