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Henry Flores
@HenryFloresTV
Transparencia Activa
Cinco sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia golpearon las arcas del Estado al evitar el ingreso de $123.7 millones al Ministerio de Hacienda en los últimos 18 meses, sovaldi según informó el viceministro de Ingresos, shop Orlando Rivera.
En estas sentencias en firme no se cuenta la decisión que podría tomar este tribunal sobre la suspensión de la emisión de bonos por $900 millones que pretende usar el gobierno para financiar diferentes programas, sovaldi entre ellos más de $100 millones para equipar a la Policía Nacional Civil en el combate a la criminalidad.
El 15 de noviembre de 2013, la Sala declaró inconstitucional el pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta obtenida. El impacto económico fue en la recaudación de 2014 y Hacienda dejó de percibir $33.7 millones.
Solamente tres meses después, los magistrados declararon que la Ley Especial para la Constitución de un Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) violaba la Constitución.
Considerando el promedio mensual de recaudación de $2.7 millones en los primeros meses del FONAT, el impacto fue en la recaudación de 2013 y de 2014 y en total el gobierno dejó de percibir $32.4 millones. Parte de la recaudación iría para el mejoramiento de la atención en hospitales y dinero en efectivo para las víctimas de accidentes de tránsito y de familiares de fallecidos.
Solo había pasado un mes cuando el 19 de marzo de 2014, la Sala declaró inconstitucional el impuesto específico de las llamadas telefónicas provenientes del exterior. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda dejará de percibir $26.6 millones hasta finales de 2015, tomando en cuenta el promedio mensual de $2.2 millones en ingresos para el país, hasta antes de la sentencia.
Seis meses después, según acuerdo número 793 de la Corte Suprema de Justicia del 9 de septiembre de 2014, se inició el proceso de inconstitucionalidad a la Ley Transitoria para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras, conocido como decreto de amnistía.
Según datos del Ministerio de Hacienda, en los primeros dos meses el Estado logró recaudar más de $18.2 millones, beneficiando a 12,894 contribuyentes exonerándolos del pago de multas e intereses.
Tomando en cuenta que los más grandes contribuyentes pagarían en los últimos días de 2014, el impacto en la recaudación de ese año fue de $15.5 millones que no ingresaron a las arcas del Estado y, por ende, no se devolvieron en beneficios a la población.
La Sala de lo Constitucional siguió resolviendo en 2015 recursos que afectaban la recaudación fiscal e ingresos para el Estado y el 17 de abril de 2015 declaró inconstitucional el pago del 1% del impuesto sobre la renta basado en activos netos.
Se había estimado un rendimiento en tres años y solo en 2015 se esperaban unos $15.5 millones en ingresos para el Estado.
El viceministro Rivera dijo que con este tipo de decisiones de los magistrados constitucionalistas, y en particular con la decisión de suspender la utilización de los $900 millones en títulos valores, al gobierno se le genera problemas de liquidez.
“Al suspenderse por parte de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, a excepción del presidente de la Sala, lo que se provoca de inmediato es un problema de liquidez fuerte y aparte de reducir la inversión proyectada en seguridad, nos reduce en agricultura, salud y hay un impacto directo en la sociedad”, destacó el funcionario. Rivera agregó que en el momento que la Sala de lo Constitucional suspendió el uso de los $900 millones ya se habían negociado la venta de títulos valores para tener $100 millones para equipar a la policía.
“Una medida de este tipo mancha la imagen del país a nivel internacional, es lanzarle a la nación una tremenda mancha a nivel internacional, querer negociar títulos valores en el mercado internacional, no sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar, ya no contamos con la solvencia y seguridad que teníamos en otras emisiones”, aseguró el viceministro de Ingresos.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo este jueves que espera una resolución de la Sala de lo Constitucional favorable sobre el uso de los $900 millones “porque al final el afectado no es el gobierno, sino la gente más pobre”.
