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Redacción Nacionales
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El sacerdote católico Alcides Herrera cuestionó el enfoque de seguridad impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, señalando que la reducción de homicidios no puede ser el único parámetro para medir la situación real del país. En sus declaraciones en Encuentro con Julio Villagrán, el religioso planteó que, aunque es evidente una disminución en la violencia atribuida a pandillas, existen otras formas de inseguridad que afectan directamente a la población salvadoreña.
Durante su intervención, Herrera reconoció como un hecho “innegable” la baja en las muertes violentas y el debilitamiento de las estructuras criminales en el territorio. Sin embargo, advirtió que limitar el concepto de seguridad a este aspecto es insuficiente. “Si hablamos de seguridad solo como reducción de homicidios, entonces sí, hay avances. Pero la seguridad es mucho más amplia”, afirmó.
El sacerdote expuso que durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén se registraban alrededor de 45,000 muertes anuales, mientras que en la actualidad —según sus datos— esta cifra habría ascendido a cerca de 60,000. A su juicio, este incremento refleja fallas estructurales, particularmente en el sistema de salud pública.
“¿Cómo es posible que, en un contexto donde se presume que ya no hay pandillas y los homicidios han disminuido, muera más gente?”, cuestionó Herrera, sugiriendo que la narrativa oficial omite problemas graves como la atención médica y la falta de acceso a servicios básicos.
En esa línea, el sacerdote insistió en que la seguridad debe entenderse de manera integral, incluyendo factores como la seguridad social, la alimentación, la salud y el respeto a los derechos humanos. “No se puede hablar de un país seguro si la gente muere por falta de atención médica o por condiciones de vida precarias”, sostuvo.
Otro de los ejes de su crítica fue la seguridad jurídica. Herrera denunció que el régimen de excepción ha debilitado garantías fundamentales, permitiendo detenciones prolongadas sin el debido proceso. “Hay personas que llevan meses o incluso años detenidas sin una resolución clara. Eso no es seguridad, eso es incertidumbre jurídica”, expresó.
Asimismo, señaló que los cambios en el marco legal y constitucional han generado desconfianza tanto en la ciudadanía como en potenciales inversionistas. Según el sacerdote, la rapidez con la que se han aprobado reformas y la concentración de poder en las instituciones del Estado afectan la estabilidad democrática. “Cuando las reglas del juego cambian constantemente, nadie tiene certeza”, indicó.
En el ámbito económico, Herrera aseguró que la inversión extranjera en El Salvador es una de las más bajas de la región centroamericana, lo que atribuyó a la falta de confianza en el sistema jurídico. A su juicio, este escenario limita las oportunidades de desarrollo y empleo para la población.
El sacerdote también abordó la situación de las mujeres y niñas, señalando que delitos como la violencia sexual, el acoso y el embarazo infantil continúan siendo problemáticas graves. “No podemos decir que vivimos en un país seguro cuando estos delitos no disminuyen”, afirmó, subrayando la necesidad de políticas públicas más efectivas en estos ámbitos.
En cuanto a la seguridad alimentaria, Herrera expresó preocupación por el bajo crecimiento del sector agrícola, que —según dijo— apenas alcanza un 1%. Esto obliga al país a depender de importaciones para cubrir la mayoría de sus necesidades alimenticias. “Si no producimos lo que consumimos, estamos en una situación de vulnerabilidad”, advirtió.
Otro punto relevante de su intervención fue el clima de temor que, según él, se vive en distintos sectores de la sociedad. Herrera relató un caso en el que directores de centros educativos evitaron hacer denuncias públicas sobre la falta de paquetes escolares por miedo a represalias. Para el sacerdote, este tipo de situaciones evidencia restricciones a la libertad de expresión.
En el plano político, Herrera manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de una alternancia en el poder a través de elecciones. Considera que las reformas recientes han generado condiciones desiguales para la oposición, debilitando el sistema democrático. También cuestionó el papel de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, que no garantizan independencia.
Finalmente, el sacerdote planteó que existen distintas vías para un eventual cambio político en el país, aunque advirtió que la ruta electoral parece cada vez más limitada. “Se han creado mecanismos que dificultan la competencia en igualdad de condiciones”, afirmó.
