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El expresidente Elías Antonio Saca admitió haber cometido los delitos de peculado y lavado de dinero, solicitando así un juicio abreviado que le permitirá disminuir la pena a 10 años de prisión, según lo acordado con la Fiscalía General de la República (FGR).
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Fiscalía General de la República (FGR) nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego que en la instalación de la vista pública en contra el expresidente Elías Antonio Saca, ex funcionarios y ex empleados de casa presidencial, trascendiera la noticia de un acuerdo para que los imputados admitan el cometimiento de los delitos y así obtener beneficios. Valiéndose del artículo 417 del Código Procesal Penal, el ex mandatario, Elmer Charlaix, César Funes y Julio Rank admitieron el cometimiento de los de peculado y lavado de dinero, situación en la que se benefician con reducción entre cinco a 10 años de prisión.
Jorge Cortez, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR, aseguró que esta es una “victoria para la Fiscalía”, ya que Saca será el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y “estará por un largo tiempo en un centro penitenciario”.
“Es importante recalcar que lo hace merecedor de catalogarse como un hecho histórico, a ningún expresidente se le había condenado por Peculado y Lavado de Dinero, es decir, en conclusión por actos de corrupción”, dijo. Sin embargo, el expresidente ya no devolverá la totalidad de los fondos establecidos por la Fiscalía, que presuntamente habría extraído de las arcas del Estado, lo cual asciende a más de $301 millones de dólares, sino que de estos fondos solamente $25 millones tendrá que devolver en concepto de los bienes inmuebles del exmandatario.
Cortez argumentó que los $300 millones que se ha dicho que Saca peculó, $195 millones salieron en efectivo, de esos $172 fueron sacados por el ex empleado Pablo Gómez. “Eso significa que esta cantidad de millones de dólares que fueron sacados en efectivo, es de difícil rastreo, ubicación y detección. Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de ubicar todas las propiedades y testaferros de esta persona, que en su momento se establecerá”, expres
Para el jefe de la UIF, el procedimiento abreviado no es un beneficio, sino que es con base a la Ley. “No es un beneficio, no es un acuerdo, no es una prerrogativa, no es ningún tipo de concesión, es un mecanismo legal que permite la Ley, hasta el momento de la vista pública”, explicó.
Además, aseguró que aceptar este procedimiento abreviado, no es por temor de perder el caso, ya que es un caso solido.
A su juicio del fiscal, la vista pública que se efectúa por el Tribunal va a desfilar prueba testimonial y pericial, para poder demostrarle al Juez la culpabilidad de las cuatro personas.
Lisandro Quintanilla, abogado defensor, explicó que la petición del proceso abreviado es una alternativa par poder resolver el caso, ya que al final decide declararse culpable y obtener una pena mínima, situación que sería similar si lo condenaran después del juicio. Sin embargo, advirtió que esta decisión fue tomada por Saca y otros, ya que a su juicio la FGR no tiene un caso solido. “Mi cliente decidió acogerse al procedimiento abreviado, sigo diciendo que no hay delito”, sostuvo Quintanilla.
Mario Machado, defensa técnica de Saca, acompañó las declaraciones de Quintanilla asegurando que las pruebas de la Fiscalía siguen siendo especulativas, nada en concreto.
“Obviamente, tengo que defender tesis técnica jurídica, la expectativa de las pruebas de la Fiscalía son especulativas. Pero técnicamente, es difícil, mediáticamente y políticamente ya condenaron a los señores.
Esta presión política y mediática cuesta enfrentarlo”, comentó.
