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Redacción Nacionales
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La abogada penalista y defensora de derechos humanos Roxana Cardona denunció este lunes 12 de octubre la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su domicilio, en un hecho que calificó de “sorpresivo y extraño” y que ha despertado cuestionamientos sobre la seguridad de quienes mantienen posiciones críticas al Gobierno.
Según la denuncia difundida en redes sociales, agentes policiales llegaron a la vivienda de Cardona, tocaron la puerta y preguntaron quién residía en el lugar. Posteriormente, le solicitaron su Documento Único de Identidad (DUI) y le tomaron una fotografía con un teléfono celular.
“A los medios de comunicación nacionales e internacionales, quiero informar que hace unos minutos dos agentes policiales llegaron a mi vivienda a preguntar quién reside aquí. Me solicitaron mi DUI, lo ingresaron al sistema y fotografiaron mi casa.
Al preguntar el motivo, respondieron: «Es para ubicación, porque va para el Ministerio de Seguridad y Justicia», escribió la abogada en sus redes sociales.
“Considero que esta visita está relacionada con la publicación que realicé hace unos momentos: doctorsv y respuesta al Vicepresidente de su entrevista. Hago responsable de cualquier situación que atente contra mi integridad, la de mi familia y mi vivienda, a las autoridades correspondientes”, dijo la abogada.
Una abogada crítica del régimen de excepción
Cardona ha mantenido una participación activa en el debate público sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la estrategia de seguridad gubernamental. Sus cuestionamientos se centran en las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de las personas detenidas a contar con una defensa efectiva.
En diciembre de 2025, Diario Co Latino publicó declaraciones de Cardona, en la que
sostuvo que la prolongación de la medida no era constitucionalmente sostenible bajo las circunstancias que, a su juicio, prevalecían en el país. También señaló que había acompañado demandas de inconstitucionalidad contra el régimen que permanecían sin respuesta.
Cardona ha insistido en que la reducción de la violencia atribuida a las pandillas no elimina la obligación estatal de respetar las garantías judiciales ni justifica que personas inocentes permanezcan detenidas.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, constituye uno de los principales pilares de la política de seguridad de Bukele. Mientras el Gobierno defiende la medida por los resultados contra las estructuras criminales, organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de detenidos han denunciado capturas arbitrarias, dificultades para acceder a información sobre los reclusos y obstáculos para ejercer la defensa.
Cuestionamientos al sistema judicial
La denuncia de hostigamiento ocurre después de que Cardona expusiera públicamente sus críticas al funcionamiento de las instituciones judiciales y al papel de los tribunales en los procesos relacionados con el régimen de excepción.
En abril de 2026, Diario Co Latino publicó una entrevista con la abogada con otro medio de comunicación, en la que la abogada cuestionó la independencia y el desempeño del sistema de justicia salvadoreño.
Cardona advirtió sobre las dificultades que enfrentan las familias para dar seguimiento a los procesos de sus parientes detenidos y señaló problemas relacionados con la defensa pública, la acumulación de expedientes y las audiencias con numerosos imputados.
También cuestionó que las personas procesadas puedan enfrentar largos períodos de incertidumbre judicial sin que se esclarezca oportunamente su situación individual.
Estas posiciones la han situado entre las voces jurídicas que cuestionan las consecuencias del régimen de excepción y demandan una revisión de los procedimientos utilizados para procesar a las personas capturadas.
Su trabajo, además, no se limita a las críticas públicas. Cardona ha acompañado iniciativas jurídicas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas acciones contra disposiciones que, según los demandantes, afectan los derechos de las personas privadas de libertad.
¿Una represalia por sus críticas?
Tras conocerse la denuncia, sectores de oposición plantearon que la presencia de los agentes podría estar relacionada con la posición crítica de Cardona frente al Gobierno, especialmente por sus cuestionamientos al régimen de excepción.
Aunque, hasta el momento no existen elementos públicos suficientes para establecer que la visita policial constituyera una represalia política. Esa posibilidad forma parte de los señalamientos surgidos después de la denuncia y requiere aclaraciones de las autoridades competentes.
El episodio abre interrogantes sobre la finalidad de la actuación policial, los protocolos empleados para solicitar documentos de identidad y fotografiar a una ciudadana en su domicilio, así como la existencia de un motivo legal que explique el procedimiento.
La transparencia resulta especialmente relevante cuando las personas involucradas desarrollan labores de defensa jurídica, acompañamiento a víctimas o denuncia de posibles vulneraciones de derechos humanos.
Libertad para cuestionar al poder
El caso también se inscribe en un contexto de preocupación expresado por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre las condiciones para ejercer la crítica pública en El Salvador.
En julio de 2025, Diario Co Latino informó sobre pronunciamientos de organizaciones internacionales que advertían de riesgos de hostigamiento, estigmatización y criminalización contra periodistas, activistas, abogados y otras voces críticas del Gobierno.
La Constitución salvadoreña protege derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, sin embargo, estos derechos están suspendidos por el Régimen de Excepción. No obstante, algunoas abogados insisten que cualquier actuación de las autoridades debe ajustarse al marco legal y respetar las garantías de las personas.
Por ello, la aclaración de la PNC sobre las razones de su presencia en la vivienda de Cardona resulta fundamental para determinar si se trató de una diligencia legítima y debidamente justificada o de una actuación que amerite investigación.
Mientras no exista una explicación oficial, la denuncia permanece como un hecho que requiere esclarecimiento, y demuestra que el régimen de Naybi Bukele persigue a la oposición política. La trayectoria crítica de la abogada permite comprender por qué el episodio ha generado preocupación entre sectores opositores y defensores de derechos humanos, pero las circunstancias concretas de la visita deberán establecerse mediante información verificable.
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