Por: Luis Rafael Moreira Flores
La hegemonía política de Nayib Bukele en El Salvador ha reconfigurado el mapa electoral salvadoreño e incluso centroamericano. Sin embargo, detrás del fenómeno comunicacional y los aplastantes triunfos electorales de Nuevas Ideas, crece un fenómeno demográfico y sociocultural dinámico. Para entender hacia dónde se dirige la maquinaria propagandística del oficialismo en el contexto actual, es fundamental separar cómo han mutado las coaliciones de votantes desde 2019 hasta la fecha, y qué rol desempeña el abstencionismo estructural en la legitimidad del régimen.
La primera era: El voto del descontento y la ruptura de la herencia de los partidos (2019)
El ascenso al poder de Nayib Bukele en febrero de 2019 no fue un hecho fortuito, sino la canalización de una profunda frustración colectiva. Durante tres décadas, el sistema político salvadoreño estuvo dominado por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y luego la esperanza con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El descontento ciudadano por la corrupción sistémica, una supuesta ineficiencia en la gestión pública y el estancamiento económico sirvió como plataforma para la campaña de Bukele bajo el lema «el dinero alcanza cuando nadie roba».
En las elecciones presidenciales de 2019, Bukele obtuvo 1,434,856 votos, lo que representó el 53.10% de los votos válidos. Esto le permitió ganar en primera vuelta y cambiar el dominio histórico de la derecha y la izquierda tradicionales. No obstante, en un padrón electoral que superaba los 5.2 millones de ciudadanos, la participación fue apenas del 51.88%. Esto significó que casi la mitad del electorado (un 48.12%) optó por no acudir a las urnas.
En esta primera etapa, el electorado de Bukele era heterogéneo: jóvenes desencantados de la política tradicional, sectores populares afectados por la violencia social y grupos urbanos que demandaban innovación. Investigaciones periodísticas posteriores revelaron también que durante este periodo operó un pragmático entendimiento táctico con las estructuras de las pandillas para reducir la violencia homicida en zonas controladas por las maras, lo que facilitó el tránsito y la penetración territorial en comunidades marginadas.
La segunda era: Seguridad territorial y la consolidación de la clase media y el comercio informal (2024)
Para febrero de 2024, el tablero político era radicalmente distinto. El régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022, transformó el principal argumento de gobierno: la erradicación del control territorial de las pandillas. Esta política pública alteró la percepción de seguridad en los barrios populares y zonas comerciales.
El sector del comercio informal, históricamente extorsionado por las maras a través de la denominada «renta», percibió un alivio inmediato en sus ingresos operativos directos. De manera similar, las capas medias urbanas recuperaron la libertad de circulación por el territorio nacional sin las fronteras invisibles impuestas por el crimen organizado.
Esta percepción de seguridad se tradujo en una victoria electoral sin precedentes en la era democrática reciente. Bukele alcanzó 2,701,725 votos, asegurando el 84.65% de los votos válidos. La oposición quedó prácticamente diezmada.
Sin embargo, el comportamiento del abstencionismo se mantuvo constante. A pesar del despliegue organizativo del oficialismo y el voto en el exterior, el padrón electoral creció a 6,214,399 ciudadanos, mientras que la participación se situó en un 52.25%. El ausentismo alcanzó el 47.75%, equivalente a cerca de 2.96 millones de salvadoreños que prefirieron abstenerse. La victoria de Bukele, aunque abrumadora en porcentaje de sus supuestos votos válidos, representó el respaldo directo de un 43% del total del padrón electoral inscritos.
Las tensiones del presente: El deterioro socioeconómico y el desgaste de la base de apoyo
Tras la consolidación del control en materia de seguridad, el panorama socioeconómico del país ha presentado grietas significativas en la base de apoyo que impulsó la reelección de Bukele.
Por un lado, el pacto tácito con el sector informal se ha visto tensionado por las políticas de reordenamiento urbano y desalojos en los centros históricos de las principales ciudades del país. Decenas de miles de vendedores informales han sido desplazados de los espacios públicos en nombre del turismo y la revitalización urbana, sin que existan alternativas económicas sostenibles para su subsistencia.
Por otro lado, las capas medias enfrentan una creciente presión económica derivada de la inflación acumulada, el alto costo de la canasta básica, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento público constante. A esto se suma el agotamiento del argumento del pacto de seguridad entre sectores marginados, ante denuncias de violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias de inocentes que han afectado a familias de comunidades vulnerables.
¿Hacia quién se dirige la propaganda oficial y qué mueve el voto futuro?
Frente a la erosión de sus banderas tradicionales -el combate a la corrupción de la «vieja política» y la pacificación inmediata-, la estrategia de comunicación y propaganda del aparato estatal se ha reorientado estratégicamente hacia tres frentes principales:
- En primer lugar, el miedo a la regresión. La narrativa oficial enfatiza que cualquier alteración al modelo actual significaría el retorno de las pandillas y el caos en las calles. Este componente apela al sesgo de aversión a la pérdida: la población prefiere tolerar la precariedad económica antes que arriesgar la seguridad física alcanzada.
- En segundo lugar, la proyección internacional y el orgullo nacionalista. La propaganda se centra en grandes eventos de visibilidad global, infraestructuras emblemáticas y la narrativa de que El Salvador ha pasado de ser un «país inviable» a un referente de seguridad y modernidad. Este discurso busca fidelizar a la diáspora y a sectores urbanos cuya identidad se conecta con el prestigio del país en el extranjero.
- En tercer lugar, la contención de la apatía mediante la resignación. Para el régimen, la abstención no constituye una amenaza inminente mientras la oposición continúe desarticulada y carezca de credibilidad. Si la población desencantada opta por quedarse en casa en lugar de canalizar su protesta a través del voto opositor, el porcentaje de votos válidos seguirá favoreciendo de manera desproporcionada al partido en el poder.
En conclusión, el comportamiento electoral en El Salvador muestra que, si bien Bukele logró aglutinar a mayorías decisivas en las urnas durante 2019 y 2024, la abstención constante (cercana al 48%) evidencia que casi la mitad de la ciudadanía se mantiene al margen del proceso político formal. En la medida en que los problemas económicos sustituyan a la seguridad como la principal preocupación cotidiana, la propaganda oficial enfrentará el desafío de sostener el entusiasmo popular, en su defecto, depender de la apatía generalizada para conservar el monopolio del poder.
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