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Redacción Nacional
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El histórico defensor de derechos humanos, Benjamín Cuéllar, afirmó que el informe del Grupo Internacional de Personas Expertas sobre El Salvador (GIPES) no puede ser descalificado, tras destacar la trayectoria y conocimiento del país que poseen varios de sus integrantes. Cuéllar dijo que la respuesta del Gobierno al informe del GIPES demuestra “el miedo”.
Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Cuéllar destacó que expertos, como el jurista argentino, Santiago Canton, y el mexicano José Guevara, cuentan con amplia experiencia en el sistema interamericano y en Naciones Unidas, así como conocimiento directo del contexto salvadoreño desde años atrás, por lo que la forma en que funcionarios del Gobierno quisieron descalificarlo no tiene sentido, más que el miedo al informe.
Sobre Canton, Cuéllar reveló que también participó en una misión especial enviada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en 2021, para impedir la destitución de Nayib Bukele, tras una iniciativa del diputado de ARENA, Ricardo Velázquez Parker, a fin de “declarar la incapacidad mental” del presidente Bukele.
Hasta hoy, esta información de la intervención de la OEA en este tema era desconocida en El Salvador, al menos públicamente.
La participación de Canton, quien parte del grupo de expertos del GIPES, demuestra que el análisis del grupo no responde únicamente a hechos recientes, sino a un seguimiento sostenido del deterioro institucional en el país, dijo Cuéllar.
El GIPES fue conformado por Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton, secretario general de la CIJ. La iniciativa ha contado con el apoyo de la CIJ, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el proyecto de investigación IMPACTUM y el programa Derechos Humanos en Contexto de la Universidad de Gante (Bélgica).
Informe señala retrocesos institucionales
Cuéllar subrayó que el documento del GIPES no se centra exclusivamente en las capturas durante el régimen de excepción, sino que inicia con un diagnóstico sobre el retroceso democrático y el desmantelamiento institucional en El Salvador.
Entre los puntos señalados por el informe destacó el debilitamiento del Estado de derecho, uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en tareas de control político y social, crisis humanitaria en materia de derechos humanos y consecuencias derivadas de más de 89,000 detenciones consideradas arbitrarias.
El activista de derechos humanos explicó que el concepto de detención arbitraria, según estándares de Naciones Unidas, no se limita a capturas sin orden judicial, sino que también incluye la ausencia de garantías procesales, condiciones de detención irregulares, tortura, maltrato o falta de proporcionalidad en la privación de libertad, que es lo que se está dando con los 90 mil capturados en el marco del régimen de excepción.
Reacción del Gobierno
Cuéllar interpretó la reacción del Ejecutivo como una señal de la relevancia del documento. Señaló que el informe no solicita la liberación masiva de personas detenidas, sino la revisión individual de los casos mediante mecanismos independientes.
También cuestionó declaraciones oficiales que, según dijo, tergiversan el contenido del informe al afirmar que recomienda liberar a todos los capturados bajo el régimen de excepción. “Esto solo demuestra el miedo del Gobierno al informe”, expresó.
Asimismo, mostró preocupación por señalamientos públicos sobre la existencia de un supuesto grupo “secreto”, que decidiría quién permanece detenido y quién no, lo cual —afirmó— generara dudas sobre la transparencia del sistema de justicia.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Uno de los aspectos más delicados abordados durante la entrevista fue la referencia del informe a posibles crímenes de lesa humanidad.
Cuéllar explicó que este tipo de delitos, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, consisten en actos graves cometidos de forma generalizada o sistemática contra la población civil como parte de una política de Estado o de una organización. Entre estos pueden incluirse detenciones arbitrarias masivas, tortura y desapariciones forzadas, así como asesinatos y persecución por motivos políticos.
El informe del GIPES, indicó, sostiene que existen bases razonables para considerar que ciertas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción podrían encajar en ese marco jurídico, lo cual abre la posibilidad de investigaciones internacionales.
Cuéllar insistió en que el combate a las pandillas no debe implicar la eliminación de garantías constitucionales ni el debilitamiento institucional del país.
También señaló que la aplicación de medidas como la cadena perpetua requiere un sistema judicial independiente y confiable, condición que —según su valoración— actualmente enfrenta cuestionamientos en El Salvador.
Finalmente, advirtió que los efectos del desmantelamiento institucional podrían tener consecuencias de largo plazo para la democracia salvadoreña y la protección de los derechos fundamentales.
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