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Redacción Nacionales
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Representantes del Comité Nacional Monseñor Romero, junto a iglesias históricas y otros líderes religiosos de distintas denominaciones cristianas, denunciaron este lunes lo que califican como un incremento del hostigamiento contra voces pastorales críticas en El Salvador y alertaron sobre un deterioro de la libertad religiosa en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022. Asimismo, llamaron a la feligresía cristiana a participar en la marcha del 1 de mayo.
Durante una conferencia de prensa, los voceros expresaron su preocupación ante lo que consideran “una nueva forma de persecución” impulsada desde la esfera estatal contra líderes religiosos, agentes pastorales y comunidades cristianas que denuncian violaciones a derechos humanos o cuestionan decisiones gubernamentales.
Los representantes del movimiento afirmaron que la situación actual no puede compararse directamente con la violencia contra sacerdotes registrada durante la guerra civil salvadoreña, pero señalaron que existe una tensión creciente entre el Estado y sectores eclesiales críticos, marcada por el uso de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia policial en territorios rurales.
Según el comunicado leído ante medios de comunicación, el contexto político actual estaría caracterizado por “una concentración de poder y el uso de la religión como herramienta de validación política”.
Críticas al discurso oficial y al régimen de excepción
Las organizaciones señalaron directamente al gobierno del presidente Nayib Bukele como responsable del clima de confrontación con sectores religiosos que cuestionan políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con seguridad, minería metálica y reformas constitucionales.
De acuerdo con los voceros, desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 se ha incrementado la detención de líderes comunitarios sin pruebas claras.
Asimismo, denunciaron que sacerdotes y pastores que han criticado públicamente violaciones a derechos fundamentales han sido señalados en redes sociales como “defensores de criminales”, lo que —según afirmaron— genera riesgos para su integridad personal.
Entre los líderes religiosos atacados por el gobierno mencionaron al pastor Mario Vega, pastor general de la Iglesia Elim, quien ha advertido públicamente sobre el deterioro institucional y ha señalado la existencia de un ambiente adverso para el ejercicio pastoral independiente. También mencionaron como víctimas del oficialismo a los sacerdotes católicos Alcides Herrera, de Concepción Batres, y Luis German Molina, de Apopa.
Los representantes del Comité señalaron que sectores de la Iglesia católica han elevado el tono frente a decisiones políticas recientes, especialmente en torno a reformas constitucionales, la reelección presidencial y el régimen de excepción.
En ese sentido, destacaron el papel del cardenal Gregorio Rosa Chávez y de la Conferencia Episcopal de El Salvador en la defensa de la institucionalidad democrática.
También recordaron que la tradición pastoral inspirada en San Óscar Arnulfo Romero continúa siendo un referente para sectores eclesiales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, especialmente en contextos de conflictividad social.
“El legado de San Romero sigue siendo una guía para denunciar las injusticias y acompañar al pueblo en sus luchas”, afirmaron durante la lectura del pronunciamiento.
Señalamientos de amenazas contra religiosos
Durante la conferencia, los voceros denunciaron amenazas contra líderes religiosos que han mantenido posturas críticas frente a proyectos extractivos y políticas de seguridad.
Entre los casos mencionados figuran sacerdotes y líderes religiosos vinculados a la defensa ambiental y comunitaria en zonas rurales, quienes han enfrentado vigilancia policial, campañas de desprestigio y amenazas en redes sociales.
También señalaron que la oposición eclesial a la reactivación de la minería metálica ha provocado tensiones en comunidades históricamente afectadas por conflictos socioambientales.
En ese contexto, recordaron los asesinatos de defensores ambientales como Marcelo Rivera y Dora Sorto, ocurridos durante años anteriores en el marco de la lucha contra la minería en el departamento de Cabañas, subrayando que esos antecedentes generan preocupación ante el nuevo escenario político.
Denuncias sobre estigmatización
El comunicado también denunció la estigmatización de laicos católicos y evangélicos que, según los voceros, han sido señalados falsamente en redes sociales como promotores de la liberación de pandilleros por exigir respeto al debido proceso.
“Nosotros no hablamos por delincuentes, hablamos por los inocentes”, afirmaron los representantes religiosos durante su intervención.
Asimismo, señalaron que periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan condiciones similares de presión pública y señalamiento político, lo que —según indicaron— dificulta el ejercicio de sus labores.
Convocatoria a movilización el 1 de mayo
El Comité Nacional Monseñor Romero convocó a las feligresías católicas y evangélicas a participar en un acompañamiento pastoral el próximo 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora.
Durante la actividad, anunciaron que reiterarán su exigencia de derogación del régimen de excepción y su llamado al respeto de la libertad religiosa, la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.
Finalmente, los representantes religiosos responsabilizaron al Ejecutivo de cualquier atentado contra líderes pastorales que —según expresaron— continúan denunciando injusticias sociales “siguiendo el ejemplo profético de monseñor Romero”.
Entre los religiosos parte de la Iglesia Católica Antigua figuraron los monseñor Neftaly Ruiz y Luis Quintanilla, el sacerdote David Rodríguez, y José Emilio González.
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