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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“Rafael falleció el 1 de junio de 2022, habiendo sobrevivido apenas mes y medio desde su captura. Lo más cruel fue el silencio del Estado, su cuerpo estuvo semanas en la morgue y luego fue enterrado clandestinamente en una fosa común, en la Bermeja”, relató ante la CIDH Pedro Ascencio López Castellón sobre su hermano capturado y fallecido bajo el régimen de excepción.
Ascencio López relató a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la pesadilla que como familia tuvieron que vivir, luego de la detención arbitraria de Rafael López Ascencio en el régimen de excepción y su muerte a causa de problemas crónicos agravados dentro de la prisión.
Este es su relato:
“Estoy aquí para hablarles de mi hermano Rafael López Castellón, él tenía 53 años, era un hombre trabajador, molinero de oficio y un comerciante que con muchísimo sacrificio y préstamos había logrado levantar su pequeño negocio. Rafael padecía de insuficiencia renal y cardíaca crónica. Su vida no estaba vinculada a ningún acto delictivo. Al contrario, él había sido víctima de extorsión en el pasado”.
“El 8 de abril de 2022 (12 días de haberse instaurado el régimen de excepción), a la 1 del mediodía, elementos de seguridad irrumpieron en su vivienda y en su molino en Jucuapa (Usulután), sin orden de allanamiento, a pesar de los ruegos de la familia de su evidente condición de salud, fue arrestado bajo señalamientos infundados de pertenecer a pandillas”.
“Fue llevado primero a las bartolinas de Usulután y pocos días después, trasladado al centro penal de Mariona. A partir de ese momento nuestra pesadilla comenzó y nunca más volvimos a saber nada directo de él. Como familia hicimos lo posible por mantenerlo vivo. El 31 de mayo de 2022 le llevamos un paquete, tiempo después, el 10 de julio, volvimos a llevar un segundo paquete. Con dolor y con una gran impotencia, hoy sé que para esa fecha mi hermano ya estaba muerto”.
“Las autoridades omitieron sistemáticamente entregarle el tratamiento médico especializado que su corazón y sus riñones necesitaban. Testimonios de personas que estuvieron recluidas con él, revelaron que además sufrió aislamiento y severas agresiones físicas por parte de los custodios. Rafael falleció el 1 de junio de 2022 en un hospital, habiendo sobrevivido apenas mes y medio desde su captura. Lo más cruel fue el silencio del Estado, su cuerpo estuvo semanas en la morgue y luego fue enterrado clandestinamente en una fosa común, en la Bermeja, nos enteramos por casualidad 68 días después”.
“El 8 de agosto de 2022, cuando fui a realizar los trámites en antecedentes penales, me dijeron que había fallecido. Logré identificar su cadáver en las instalaciones forenses mediante álbumes no reclamados. La documentación oficial presentaba contradicciones sobre el lugar de la muerte y los médicos. Tras varios trámites, se emitió una orden de exhumación y el 18 de septiembre de 2022 rescatamos sus restos de la fosa común y le dimos sepultura digna en Jucuapa”
“Todo este proceso nos representó una carga financiera devastadora en gastos funerarios y trámites para una familia de escasos recursos, pero el costo emocional y el vacío que dejaron nuestra vida es imposible de calcular. La muerte de Rafael fue el resultado de una cadena de abusos de negligencia médica intencional, de golpes bajo custodia y de una total falta de humanidad por parte de un sistema que le arrebató la vida a un hombre inocente y enfermo y que encima intentó desaparecerlo en el anonimato de una fosa común”.
“Exijo justicia para mi hermano Rafael López Castellón y exijo que paren las desapariciones y muertes bajo custodia de personas inocentes. No podemos permitir que la memoria de nuestros familiares quede enterrada en el olvido”, finalizó Pedro Ascencio López Castellón.
López Castellón fue parte de la comitiva de representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos que se presentaron a la audiencia en la CIDH; donde destacó la ausencia del Estado salvadoreño.
