Reforma de pensiones sigue pendiente pese a compromiso asumido con el FMI

Saúl Méndez

Colaborador

Acción Ciudadana advirtió que el Gobierno salvadoreño incumplió los plazos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para publicar la evaluación actuarial del sistema de pensiones y señaló que tampoco ha impulsado la reforma previsional comprometida en el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF).

La organización verificó la publicación de la evaluación actuarial independiente del sistema de pensiones, en el marco del segundo Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Estado salvadoreño en el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la primera revisión del SAF, publicada en julio de 2025, el FMI estableció como compromiso la divulgación, a más tardar en septiembre de ese mismo año, de una evaluación actuarial sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Dicho estudio serviría como base para una reforma integral del sistema prevista para inicios de 2026.

Durante la verificación, Acción Ciudadana constató que el 19 de diciembre de 2025 el Ministerio de Hacienda publicó en el Portal de Transparencia Fiscal el documento titulado «Estudio actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador». El informe incorpora los logotipos del Gobierno de El Salvador y de la Superintendencia del Sistema Financiero, aunque también señala que fue elaborado por el FMI mediante técnicas actuariales. Al no encontrarse otro documento similar, la organización considera que este corresponde al estudio comprometido.

No obstante, el documento fue publicado casi tres meses después del plazo acordado, por lo que Acción Ciudadana calificó este compromiso como cumplido con retraso.

Acción Ciudadana recordó que diversos especialistas han cuestionado si el informe reúne las características de una evaluación actuarial integral, debido a su limitada extensión y a la ausencia de un análisis detallado sobre la sostenibilidad del sistema y las medidas necesarias para enfrentar sus desafíos.

La deuda de pensiones en El Salvador alcanzó los $11, 567 millones a mayo de 2026, según cifras del Banco Central de Reserva. El Monto total de los fondos de pensiones ronda los 16 mil millones de dólares.

Como parte de esos cuestionamientos, Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, afirmó durante una entrevista en Encuentro TV con Julio Villagrán, el 19 de febrero de 2026, que el documento no puede considerarse un verdadero estudio actuarial. Según explicó, una evaluación de este tipo debería contener un análisis técnico amplio sobre la situación del sistema y las alternativas para resolver sus problemas, mientras que el documento publicado consta únicamente de 14 páginas.

«Téngase presente que, según declaraciones del FMI del 22 de diciembre de 2025, continuaban los avances en las negociaciones hacia un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a la segunda revisión del programa», explicó Acción Ciudadana.

La organización agregó que, hasta la fecha, el FMI no ha hecho pública la segunda revisión del programa, documento en el que se esperaría una evaluación de fondo sobre el cumplimiento de este compromiso y, en particular, un pronunciamiento respecto al contenido del estudio actuarial divulgado por el Gobierno.

«Y es que, dada la cercanía de las elecciones de 2027 y el costo político que representa una reforma de pensiones, habría que contemplar cualquier efecto que esto tendrá en el cumplimiento de este compromiso y en la revisión correspondiente», advirtió la organización.

El Gobierno también asumió el compromiso de impulsar una reforma al sistema de pensiones sustentada en el estudio actuarial. Esta medida debía concretarse a principios de 2026 con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, contener los costos fiscales y reducir los pasivos contingentes.

Tras revisar el portal de la Asamblea Legislativa, Acción Ciudadana indicó que no encontró iniciativas de ley orientadas a cumplir este compromiso. Únicamente identificó publicaciones periodísticas que evidencian el retraso en la presentación de la reforma.

«Habría que esperar qué valoración emite el FMI sobre este incumplimiento, pues se pretendía que a mediados de 2026 entraran en vigencia dichas reformas», concluyó la organización.

El Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional fue aprobado por el Directorio del FMI en febrero de 2025. El programa contempla un financiamiento aproximado de US$1,400 millones y un sistema de revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de las metas y compromisos asumidos por el Gobierno de El Salvador.