Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La reducción de homicidios que actualmente es catalogado como «un histórico hecho», por el Gobierno de El Salvador, gracias al Plan Control Territorial, se debe a un acuerdo a puertas cerradas entre el Gobierno liderado por Nayib Bukele y las 3 pandillas que tienen control en el territorio salvadoreño, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según pruebas difundidas este lunes por el periódico digital El Faro.
Dicho medio periodístico compiló una serie de audios, fotografías y testimonios que apuntala los contactos del mandatario con los líderes pandilleros a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
El medio reveló que, antes del primero de mayo de este año, el entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, junto al jefe de la Unidad Anticorrupción y Contra la Impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza, organizaron un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con estas organizaciones consideradas «terroristas» por la legislación salvadoreña.
En esa investigación fiscal se reunieron decenas de pruebas que terminaron sin ver la luz, por la ilegal salida del cargo de Melara y su equipo, ya que fue destituido e impusieron arbitrariamente a Rodolfo Delgado, fiscal afín a los intereses del presidente Bukele.
Tras la publicación de El Faro en septiembre de 2020 sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y la MS13, el Grupo Especial Antimafia (GEA) también inició investigaciones al respecto, que arrojaron las evidencias que se muestran en dicho reportaje. El Faro informó que, de acuerdo con tres fuentes fiscales, el GEA fue eliminado después de que el exfiscal Arriaza renunciara a su cargo.
El equipo extinto de fiscales nombró el caso como “Catedral” e incautó documentos oficiales de Centros Penales. La Fiscalía registró varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
A raíz de dichas investigaciones, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más amplia de lo que se había publicado en ese momento; puesto que, no solo incluía a la MS13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios del Gobierno de Bukele.
El Faro reveló que el 31 de marzo de 2020 Osiris Luna permitió que 5 personas encapuchadas ingresaran al penal de Zacatecoluca sin identificarse y se reunieran con 8 líderes de las 3 principales pandillas del país a puertas cerradas.
La parte fiscal concluyó que los sujetos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.
Según el Faro, la Fiscalía consiguió también libros de novedades y fotografías de esas visitas y logró el teléfono de uno de los pandilleros de la MS13 involucrado en la negociación, de los que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla planifica el disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar. Entre esa documentación que tiene la fiscalía, también una parte, la tiene dicho periódico, tal como lo señaló en su reportaje.
Revela que, en uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “… A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”.
Al parecer, junto a esos audios conocieron también un listado de 19 peticiones que las pandillas habrían hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo de reducción de homicidios a nivel nacional: entre las peticiones estaban, la reducción de fuerza militar y policial contra ellos, pidieron financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros, modificaciones del régimen de seguridad, entre otros.
Bukele se ha caracterizado por enfatizar el «exitoso Plan Control Territorial», su plan de seguridad que tiene a su base la negociación de «la sangre de los salvadoreños», tal como él criticó tiempo atrás al gobierno de Funes cuando se falleció una tregua entre maras y pandillas.
