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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
El nuevo decreto aprobado en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, bajo el título de “Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos y Privados”, fue duramente criticada en redes sociales por la sociedad civil y organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y otras, que interpretan una “criminalización a los derecho de libertad de expresión y movilidad”, en el territorio nacional. La red social más prolífica fue el twitter, en donde hubo hilos interminables de ideas para enfrentar las disposiciones y críticas a la decisión de la presidencia de la república, en respuesta a la segunda marcha del pasado 17 de octubre, que el gobierno de Nayib Bukele intentó detener mediante retenes policiales y militares en diferentes puntos del país, principalmente en las entradas a la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales.
La segunda mega marcha tenía como objetivo protestar contra el gobierno de Bukele por pensiones dignas, los desparecidos, Ley del Agua, contra la ley del Bitcoin, a la que se unió el robo de identidades de la población con la aplicación de la Chivo Wallet. Asimismo, protestar con la ruptura de la institucionalidad democrática salvadoreña, dado que todo el poder lo tiene el Ejecutivo, pues, el legislativo y judicial está supeditado a las decisiones del presidente Bukele..
“Nos va a obligar a hacer una mega fiesta, un festival de la alegría… porque hemos encontrado unidad”. Otros sugerían “una maratón contra la dictadura”, “que sea una venta de comida en la calle”; “un partido de fútbol en la calle y sus dos barras apoyándolos”, fueron las ideas que circularon y, por supuesto, las críticas por tal medida arbitraria.
Estas disposiciones también trajeron ecos de la década de los años ochenta, consignado en la página 79 del libro: Verdades Ocultas, de Camelia Cartagena, sobre los presos políticos en El Salvador, que obligó a crear el Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES), que se convirtió en un nuevo frente de guerra. “Para enfrentar esta situación, ordenó crear un instrumento legal que le permitiera aplastar por la fuerza todo reclamo, oposición o protesta popular. La Asamblea Legislativa, que respondía al Partido Oficial , fiel a sus deseos, se apresuró a dictar la Ley de Defensa del Orden Público, que desde todo punto de vista era inconstitucional”, referido al gobierno del presidente general Humberto Romero (1977-1979).
Mientras, Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, al ser consultado sobre el decreto que prohíbe las marchas, afirmó que “no le sorprendía” ese tipo de decretos, a partir de los antecedes de la actual legislatura con mayoría del partido oficial Nuevas Ideas, que sobrepasan muchas veces, el respeto a derechos fundamentales de la población.
“Han tocado el núcleo de los derechos humanos como la libertad de movilidad; la libertad de expresión y la libertad de organización que tiene la población salvadoreña, porque así está establecida en la Constitución de la República”, dijo Baños.
“Las diferentes concentraciones y marchas (la del 15 de septiembre/17 de octubre), es un derecho legítimo de expresión, ante un descontento de algunas decisiones que ha tomado el Gobierno. Y puede haber intención de frenar ese ímpetu que ha ido creciendo de parte del pueblo salvadoreño, porque al presidente no le gustan ese tipo de expresiones”, argumentó Baños.
