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Redacción Nacionales
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El precandidato presidencial por el FMLN Rafael Aguirre aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsará un cambio de rumbo en las políticas públicas con énfasis en salud, educación, transparencia y reactivación económica, al tiempo que prometió detener los despidos en el sector público, fortalecer los derechos laborales y abrir la información gubernamental actualmente reservada.
Durante una entrevista en Encuentro con Julio Villagrán, el médico especialista sostuvo que su decisión de buscar la Presidencia responde a la preocupación por la situación que atraviesa el país y afirmó que se está constuyendo su propuesta junto a profesionales de distintas áreas, organizaciones sociales, representantes del sector agropecuario, defensores de derechos humanos y expertos en pensiones, con quienes ha discutido alternativas para enfrentar los principales problemas nacionales.
Uno de los ejes de su discurso fue la defensa del magisterio. Aguirre denunció que existen advertencias sobre un posible despido masivo de docentes y cuestionó las propuestas que, según dijo, buscan sustituir parte del proceso educativo mediante inteligencia artificial. A su juicio, la formación de niños y adolescentes debe seguir descansando en docentes y no en plataformas tecnológicas.
En ese contexto, prometió que un eventual gobierno suyo pondría fin a los despidos de maestros y aplicaría plenamente la Ley de la Carrera Docente, incluyendo las evaluaciones periódicas para revisar incrementos salariales que, afirmó, han permanecido pendientes durante años. También criticó las condiciones en las que se jubilan los educadores, señalando que después de décadas de servicio reciben pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El aspirante a la presidencia también vinculó la situación económica con el deterioro de la salud de la población. Desde su experiencia como médico internista, aseguró que observa diariamente pacientes afectados por altos niveles de estrés derivados de problemas financieros y del creciente endeudamiento de las familias.
Según explicó, el aumento en la cartera de préstamos no necesariamente refleja una economía más dinámica, sino que puede evidenciar que muchas personas recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos. El médico reaccinó así a una noticia en la que señala que los créditos bancarios han crecido en 8.5%, lo que implica que hay una cartera bacaria en préstamos por más de 21 millones de dólares.
En ese sentido, sostuvo que una política económica debe analizar el destino del endeudamiento y desarrollar mecanismos para aliviar la carga financiera de la población.
Aguirre también expresó preocupación por el elevado endeudamiento del Estado y reconoció que cualquier futuro gobierno enfrentará importantes compromisos financieros. Aunque señaló que la reestructuración de préstamos requiere negociaciones técnicas con organismos internacionales y entidades financieras, insistió en que la primera medida será transparentar el manejo de los recursos públicos.
Como parte de ese compromiso, anunció que uno de sus primeros decretos sería eliminar las reservas de información en instituciones estatales, argumentando que el acceso a los datos públicos constituye una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana. Criticó además que información relacionada con el uso de fondos públicos permanezca clasificada, pese a las promesas oficiales de transparencia.
En materia de salud, el médico afirmó que el sistema sanitario requiere medidas inmediatas para mejorar la atención. En este sentido, por la grave necesidad, le pidió al gobierno actual restablecer los convenios entre la Universidad de El Salvador y el Hospital Rosales para reincorporar a estudiantes de medicina en las labores hospitalarias, redistribuir parte de los médicos que actualmente brindan consultas virtuales hacia la atención presencial y devolver la administración del nuevo Hospital Rosales al Ministerio de Salud, eliminando la estructura administrativa creada con la Red Nacional de Hospitales, que lo ha vuelto más burocrático, y reveló que los ocho directivos de esa red tienen un salario mensual de $8,000. A su juicio, estas acciones permitirían reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura de atención sin necesidad de realizar grandes inversiones adicionales.
Asimismo, defendió la creación de soluciones diseñadas por profesionales salvadoreños y rechazó depender exclusivamente de modelos extranjeros.
Consideró que sectores como agricultura, transporte, ganadería y economía deben ser dirigidos por especialistas nacionales capaces de formular estrategias adaptadas a la realidad del país.
Respecto a su participación política bajo la bandera del FMLN, Aguirre negó haber alcanzado acuerdos “ocultos” con dirigentes políticos o con el Gobierno. Sostuvo que su candidatura responde a una decisión personal y ciudadana motivada por la falta de diálogo y por la necesidad de construir una alternativa democrática.
El aspirante afirmó que respeta las diferencias de opinión dentro de los movimientos sociales y sindicales con los que ha trabajado anteriormente, y rechazó que las discrepancias políticas deban traducirse en persecución o confrontación como ocurre en la actualidad.
Otro de los temas abordados fue el abastecimiento de medicamentos. Aguirre propuso fortalecer la industria farmacéutica nacional e incluso crear una empresa pública dedicada a producir medicamentos esenciales, con el propósito de reducir la dependencia de proveedores internacionales y garantizar el suministro oportuno de tratamientos para enfermedades crónicas y oncológicas. Argumentó que esta iniciativa favorecería la competencia en el mercado sin afectar el modelo de libre empresa.
En el ámbito educativo reiteró que buscará modernizar la currícula, fortalecer las condiciones laborales del magisterio e invertir en infraestructura escolar, de manera que las herramientas tecnológicas complementen la enseñanza sin sustituir el papel de los docentes.
Finalmente, aseguró que mantendrá un diálogo permanente con sindicatos, organizaciones sociales, empresarios y diversos sectores nacionales para construir consensos sobre las políticas públicas de un eventual gobierno, insistiendo en que la empresa privada es un actor importante para el desarrollo, aunque no el único motor de la economía salvadoreña
